El Ministerio de Educación y Formación Profesional el que interpuso el recurso contencioso administrativo contra la resolución de 29 de agosto de 2019 de la Secretaria General de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, en la que se dictaban instrucciones de comienzo del curso 2019-2020.
En concreto, la resolución para centros educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller establecía que los padres debían dar una autorización expresa a sus hijos para que pudieran asistir a algunas de las actividades complementarias para que pudieran manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en tales actividades impartidas por personal ajeno al centro.
Este tipo de resoluciones han sido promovidas en España por la organización Hazte Oír bajo la denominación «pin parental» e incluso la formación política Vox la puso como condición para prestar su apoyo a los presupuestos de Murcia.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, que dirige Isabel Celaá, estuvo en contra de la aprobación del pin parental en la educación de Murcia ya que la medida vulneraba el derecho de los alumnos a recibir una educación integral .
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