El portavoz adjunto del grupo parlamentario Socialista, Manuel Jiménez Barrios, ha avanzado en rueda de prensa que la decisión de su partido pretende «salvaguardar» los derechos de los andaluces que el Gobierno del PP y Ciudadanos «ha conculcado».
«Los contratos exprés que el Gobierno de Moreno Bonilla ha instaurado como práctica habitual en la administración autonómica abren la puerta a la posibilidad del nepotismo. Ha inventado un procedimiento ilegal para contratar a empleados públicos en 24 horas», ha denunciado.
El representante socialista, que no ha descartado acudir también a la vía penal, ha sostenido que el procedimiento permite contratar «sin currículum, sin publicidad, sin más mérito ni capacidad que llegar el primero mediante un correo electrónico. Lo nunca visto», ha asegurado.
Según el PSOE-A, unas 3.487 plazas se han cubierto en la Junta mediante este sistema que el Gobierno andaluz «sigue aplicando» con la excusa de la crisis sanitaria e «intentando engañar» a los representantes sindicales de la función pública que aprobaron contrataciones urgentes para personal sanitario.
Jiménez Barrios ha detallado que se han contratado a funcionarios interinos en el cuerpo superior de administradores generales como conservadores del patrimonio, archivistas, ingenieros de minas, vigilantes de playa, técnicos de pesca o arquitectos, que «nada tienen que ver» con la crisis del coronavirus.
El sistema – ha criticado – da pie a pensar que se trata de colocar a los «afines del Gobierno andaluz en un intento de colonización» de la Administración autonómica.
Los socialistas han solicitado a la Junta copia completa de toda la documentación referente a estas contrataciones y todos los correos electrónicos con indicación de la hora de llegada de quienes han sido los «afortunados» con estos empleos.
También quieren conocer qué autoridad pública se ha encargado de seleccionar a los aspirantes y han pedido a la Cámara de Cuentas de Andalucía que fiscalice urgentemente este procedimiento.
Jiménez Barrios ha explicado, además, que su partido ha impugnado ante los tribunales de lo contencioso de estas convocatorias «sin perjuicio» de una posible calificación penal, ya que el PSOE cuenta con «sólidos indicios» de que esta práctica «contrarias» a la ley se dictaron «a sabiendas de su ilegalidad».
«Se trata de instrucciones políticas claras de un sistema fraudulento. Un escándalo que conduce de manera inequívoca al enchufismo saltándose los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad», ha esgrimido.
Los socialistas están convencidos de que el Gobierno de Moreno está haciendo un «uso y abuso» de la crisis sanitaria para hacer política a «su antojo, un asunto muy grave que debe ser atajado», ha remarcado el portavoz, que ha precisado que también los sindicatos han acudido a la vía de contencioso.
El exconsejero ha reprochado, además, al presidente Moreno su «falta» de transparencia en la información de los brotes, lo que ha achacado a que está «más preocupado» de la confrontación con el Gobierno para «ocultar su débil» gestión y la «descoordinación» del Ejecutivo andaluz.
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