El objetivo es que la adjudicación se realice en agosto, para que las comunidades puedan realizar contratos basados en este acuerdo al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud de las autonomías en septiembre.
El pasado 29 de julio se decidió no adjudicar el primer acuerdo marco para poder atender las peticiones de adhesión de distintas autonomías que inicialmente no mostraron su interés en participar en el acuerdo, pero luego sí comunicaron su voluntad al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para evitar el riesgo de desabastecimiento de esos productos.
Cataluña y País Vasco, según el Ministerio de Sanidad, se han adherido por primera vez al sistema de compras centralizadas y se incorporan también por primera vez a un acuerdo marco de compra centralizada.
Estas nuevas incorporaciones se suman a las doce autonomías que se adhirieron desde un principio: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra.
Participan también el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, además del Ingesa, que se dotará de una reserva estratégica para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la covid-19 y de sus servicios sanitarios en Ceuta y Melilla.
En dos años se adquirirán 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test moleculares covid-19 (PCR) y kits de extracción.
El importe económico total es de 2.578.739.505 euros (IVA incluido) y tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año.
Según el Ministerio, los precios unitarios establecidos son precios máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado, previa consulta a los servicios de salud de las comunidades.
Estrella Digital