Según la resolución de la Dirección General del Tesoro, publicada este martes en el BOE, y que regula las condiciones del acuerdo aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los ayuntamientos puedan usar sus ahorros, Hacienda también ofrece a los ayuntamientos optar por un reintegro a 15 años y obtener un tipo de interés del 0,05 por ciento.
El período de devolución que recogía el acuerdo inicial que aprobó la Junta de Gobierno de la FEMP era de diez años, a partir de 2022, si bien el decreto que el Consejo de Ministros validó al día siguiente ya ampliaba la devolución cinco años más hasta 2037 para quien quisiese acogerse a lo que el decreto entendía como una «mejora».
Ahora y según el BOE, las entidades locales que se decidan por esta ampliación se verán beneficiadas por un tipo de interés positivo, del 0,05 por ciento.
En cualquier caso y según el BOE, el préstamo con amortización lineal anual a diez años conllevará un tipo de interés del -0,192 %, más favorable que el que las entidades locales deben pagar hoy por tener sus remanentes en las entidades financieras.
No obstante, Hacienda se compromete a asumir el coste financiero de la operación de tal forma que el reintegro a diez años lleve un tipo de interés del 0%.
Con estas medidas de alivio, el Gobierno intenta sumar a los ayuntamientos a un acuerdo que permite a las entidades locales con remanentes beneficiarse de 5.000 millones adicionales de los Presupuestos Generales del Estado (2.000 millones este año y 3.000 millones en 2021).
El dinero se liberará en dos años para atender la petición de la FEMP de dar a las entidades locales un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones de euros.
De hecho, las entidades locales tienen hasta el 15 de septiembre para transferir sus remanentes de tesorería.
Hacienda subraya que esta fórmula permite a las entidades locales incrementar su capacidad de gasto sin incurrir en déficit público, cumpliendo así la ley de Estabilidad Presupuestaria y la Constitución.
El acuerdo, como que sólo ha contado con el voto socialista en la FEMP, ha abierto una brecha en los ayuntamientos y el PP, respaldado por ocho formaciones políticas, ha iniciado una ofensiva en contra del decreto-ley que entienden abandonan a los ayuntamientos sin liquidez.
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