Según ha informado este jueves la asociación, la querella es por «prevaricación y delito cometido por funcionario público contra el ejercicio de derechos fundamentales».
Desde este miércoles, el municipio de Villamalea ha sido confinado tras haberse confirmado 99 casos positivos de coronavirus en una población de 4.100 personas, por lo que se prohíbe la entrada y salida del pueblo salvo por razones de emergencia y para ir a trabajar, y, entre otras medidas, se suspende la actividad religiosa para evitar el riesgo de contagios.
La asociación Abogados Cristianos considera que esa medida «atenta contra derechos protegidos en la Constitución española y en todos los convenios internacionales de protección de los derechos humanos», por lo que ha añadido que «el responsable de esta orden debe ser inhabilitado».
Abogados Cristianos ha solicitado, además, «medidas cautelarísimas para que el Gobierno castellano-manchego elimine dicha restricción de inmediato» y ha recordado que «la libertad religiosa es un derecho fundamental amparado en el artículo 16 de la Constitución».
Ha indicado, además, que si el presidente de la región «no actúa», estudiarán acciones legales contra él.
Estrella Digital