Así lo sostienen Sànchez, Rull y Turull en tres recursos de reforma, a los que ha tenido acceso Efe, que han interpuesto ante la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña, que el pasado miércoles avaló el tercer grado a los siete líderes independentistas presos en Lledoners, aunque mantiene la suspensión cautelar de su ejecución a la espera de lo que resuelva el Supremo.
La defensa de Sànchez, Rull y Turull, ejercida por el abogado Jordi Pina, alerta a la juez de que la suspensión cautelar de su tercer grado «carece de cobertura legal», entre otros motivos porque la Fiscalía no ha recurrido por ahora su resolución ratificando la progresión a la semilibertad que la Generalitat concedió de los presos del procés.
Por este motivo, entiende que, una vez la juez ha desestimado el recurso de la Fiscalía en contra de la decisión de la Generalitat, la medida cautelar que a finales de julio dejó en suspenso su semilibertad -y por la que los siete presos en Lledoners no pueden salir desde entonces del centro penitenciario-, «debe alzarse sin más, pues ya no existe base legal para su mantenimiento».
Para la defensa, solo cuando la Fiscalía recurra en apelación ante el Supremo el aval de la juez al tercer grado, si finalmente así ocurre, habría base para poder aplicar la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para suspender cautelarmente su semilibertad hasta que se pronuncie el Alto Tribunal.
«Carece de todo sentido negar la ejecutividad de una resolución como es la confirmación de la progresión a tercer grado a expensas de un futurible, que no sabemos si sucederá o no», argumentan los recursos.
En sus escritos, Pina suscribe en su integridad «los brillantes razonamientos de fondo» esgrimidos por la magistrada para ratificar el tercer grado de los presos del procés internos en Lledoners y remarca que, en caso de regresar a un régimen de semilibertad, no tendría que haber «temor alguno» porque la propia juez ya ha valorado la «nula peligrosidad» de huida y reiteración delictiva.
En el auto en que ratificó el tercer grado de los presos del procés, la juez de vigilancia penitenciaria afeó a la Fiscalía que pretenda dar un «castigo ejemplar» con su oposición a todas sus salidas y beneficios penitenciarios y advirtió de que es «decimonónico» plantear que se deban reconocer culpables y que su condena es merecida.
En sus escritos, Sànchez, Rull y Turull insisten en que la juez acordó la suspensión cautelar de su tercer grado sin base legal porque la LOPJ lo prevé únicamente en los casos en que la Fiscalía recurra en apelación el aval judicial a la progresión de los presos, pero no cuando impugna una resolución administrativa, como ocurrió en este caso.
Este mismo argumento es el que blandió el pasado 30 de julio el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Cataluña, que a diferencia del 5 acordó mantener el tercer grado a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa.
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