Ayuso ha protagonizado este lunes la primera sesión del debate de estado de la región en la Asamblea de Madrid, de dos horas de duración y que ha sido el primero que afronta como presidenta desde su investidura, hace poco más de un año.
Entre los anuncios más destacados, está la inversión de más de 80 millones a lo largo de los próximos tres años en Atención Primaria, después de que el principal sindicato médico de la Comunidad de Madrid, Amyts, haya anunciado una huelga indefinida a partir del 28 de septiembre con el fin de denunciar «la dramática situación» de este nivel asistencial.
El plan pretende mejorar las condiciones laborales y aumentar la plantilla de los cerca de 14.000 profesionales que hay actualmente en los centros de salud madrileños.
En su intervención, Ayuso ha defendido la gestión que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho de la crisis del coronavirus, al asegurar que han sido «proactivos, eficaces y humanos», y ha cifrado el impacto económico de la pandemia para 2020 en 3.444 millones de euros.
Sobre las residencias, ha dicho que la mortalidad en la región ha sido «en proporción a su tamaño mucho más baja que en la mayoría de las comunidades autónomas y que en muchos países de nuestro entorno», aunque reconoce que la cifra ha sido «inasumible».
Además, ha informado de que intensificará las inspecciones de oficio en este tipo de centros, donde según los últimos datos proporcionados por el Gobierno regional han fallecido 4.838 personas.
En materia educativa, Ayuso ha anunciado una ley para «blindar el derecho de los padres a elegir el modelo que quieran para sus hijos», «sea público, privado o concertado», y garantizar las plazas suficientes atendiendo a la demanda.
Por otro lado, ha expresado su intención de acometer a lo largo de esta legislatura una rebaja de medio punto «en todos los tramos» del impuesto de la renta para las personas físicas (IRPF), un compromiso que ya había anunciado el Gobierno regional y que mantiene pese a la crisis del coronavirus.
«Mantenemos intacto nuestro compromiso de seguir bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid, tal y como hemos hecho en los últimos 16 años», ha sostenido la presidenta, que ha cifrado en un 12,7 % la caída del producto interior bruto (PIB) de la región, lo que supone una pérdida de casi 30.000 millones de euros.
La puesta en marcha del teléfono gratuito 112 Okupación, con el que los ciudadanos podrán avisar de una posible okupación ilegal o intento de okupación de la que tengan conocimiento, es una de las novedades anunciadas por Ayuso en su discurso.
También la presentación de una nueva ley del juego, para proteger a los menores y a las personas vulnerable, y una ley de mercado abierto, para que todo producto, empresa o autónomo establecido legalmente en España pueda operar libremente en la región, sin necesidad de solicitar ningún otro permiso o licencia de actividad.
En el ámbito de vivienda, ha adelantado que la Comunidad destinará 12 millones de euros para avalar 5.000 hipotecas de jóvenes menores de 35 años que compren su primer inmueble y, presentando solvencia económica, carezcan de los ahorros suficientes para acceder a un crédito.
Muy crítica con el Gobierno nacional, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «lastrar» la economía de la región «con decisiones arbitrarias», como la negativa en primera instancia al cambio de fase de Madrid durante la desescalada, adoptada por «comités de expertos inexistentes».
«Hemos asistido también a una pretendida lucha entre algunas regiones consentida desde un mismo Gobierno de la nación, haciendo peligrar la unidad de España», ha declarado Ayuso, que ha insistido en que hay una «constante campaña de desprestigio» contra la región.
Asimismo, ha afeado al Gobierno nacional que «no haya sido capaz de defender con claridad y rotundidad desde el primer momento a la monarquía parlamentaria».
Ayuso ha rechazado hacer cambios en su Consejo de Gobierno, donde según ha dicho «no sobra nadie».
Ha dado las gracias a Vox por el apoyo a su investidura y ha agradecido a su vicepresidente, Ignacio Aguado, y «al partido Ciudadanos en su conjunto» haberse mantenido «al margen del deshonor que pretende el PSOE», en alusión a una hipotética moción de censura contra ella impulsada por los socialistas.
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