Esta asociación, creada en 1989 y que busca impulsar investigaciones y propuestas en política criminal «a partir de presupuestos progresistas», cree que hay que «adecuar» este delito y el de rebelión, que ya venían recogidos en el Código Penal de 1822, a «la realidad presente», según informa en un comunicado.
Respecto a la sedición, delito por el que fueron condenados los líderes independentistas del «procés», estos expertos abogan por precisarlo para que castigue «el alzamiento público con violencia» o «grave intimidación» cometido para «impedir u obstruir la aplicación de las leyes» o de órdenes judiciales, «siempre que afecten de manera grave al funcionamiento del orden constitucional democrático».
Es decir, propone omitir el «controvertido» término «tumultuariamente» que recoge el actual Código Penal y vincular su aplicación a hechos de mayor gravedad y que afecten al orden constitucional.
Integrado por unos 200 miembros, incluidos catedráticos, profesores de universidad, jueces, magistrados y fiscales, el GEPC plantea a su vez penas más bajas que las contempladas en el actual Código Penal, que recoge condenas de hasta 15 años en determinados supuestos, de forma que, en los casos más graves, se llegue a diez años de prisión.
Sugiere a su vez configurar el delito de rebelión «como una insurrección armada para subvertir el orden constitucional castigada con una pena de hasta 30 años de prisión» y contemplar otro intermedio, castigado con hasta 20 años, que se aplicaría a quienes dirijan o ejecuten actos violentos, gravemente intimidatorios, o mediante instrumentos informáticos, para subvertir el orden constitucional. EFE
M.M.