La propuesta de resolución ha sido aprobada con los 70 votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, las fuerzas que la habían presentado conjuntamente, frente a los 57 ‘noes’ de Ciudadanos, PSC y PPC y las 8 abstenciones de los comunes, que pedían reivindicar al mismo tiempo la vía de los indultos y la reforma del delito de sedición.
JxCat, ERC y la CUP ya tienen preparada una proposición de ley de amnistía que prevén registrar en el Congreso el 15 de marzo, pero antes han querido aprobar una resolución en este sentido en la última sesión plenaria, a cuatro días de que el Parlament quede disuelto con la convocatoria automática de elecciones para el 14F.
El texto avalado por el Parlament insta a las Cortes a aprobar una ley de amnistía que, «sin renunciar al ejercicio de los derechos vulnerados, incluido el derecho de autodeterminación, conlleve la extinción de cualquier tipo de responsabilidad penal y administrativa, incluida la del Tribunal de Cuentas, por todos los actos de intencionalidad política vinculados» al procés desde 2013.
La resolución pide que esa amnistía comprenda los delitos de rebelión y sedición, de malversación de caudales públicos si va vinculado al delito de sedición, y de prevaricación, falsedad, desobediencia o revelación de secretos por la consulta soberanista del 9N de 2014 o el referéndum unilateral del 1-O de 2017.
También quiere extender la amnistía a los encausados del procés por posibles delitos de incitación al odio y contra el orden público por disturbios que se hayan producido en protesta por decisiones políticas o judiciales.
Reclama además «reparar los daños causados a las personas represaliadas, a sus familias y a los colectivos de los que forman parte» y tomar medidas ante los «responsables de la represión de derechos fundamentales».
El Parlament pide asimismo que la amnistía vaya «acompañada de una solución efectiva al conflicto político con el Estado español que incluya el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña» y hace un llamamiento a la sociedad catalana a «movilizarse y dar apoyo» a esta solución para los encausados.
Los grupos independentistas han rechazado una enmienda de Catalunya en Comú Podem que planteaba apoyar también la vía de los indultos a los líderes independentistas presos y la reforma del Código Penal sobre el delito de sedición, además de la amnistía.
Los comunes sí han votado a favor de un punto de la resolución que señalaba que el «libre ejercicio de los derechos políticos no puede tener como respuesta la vía de la justicia penal».
El diputado de los comunes Lucas Ferro ha lamentado que la resolución aprobada sea un texto «sin efectos jurídicos ni capacidad vinculante» y ha reprochado a JxCat, ERC y la CUP que hayan esperado hasta «el último pleno» de la legislatura para presentar una iniciativa que ha tildado de «propaganda preelectoral».
El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, de JxCat, ha dado por hecho que el Estado «no hará efectiva ninguna amnistía, pero si lo hiciese, al día siguiente no se habría acabado la represión».
En el debate de la propuesta, el diputado de Ciudadanos Nacho Martín Blanco se ha desmarcado de la iniciativa pero ha tendido la mano al conjunto de fuerzas políticas para generar un «clima mucho menos hostil» en la próxima legislatura, en el que prevalezcan conceptos como «empatía y concordia».
«Es responsabilidad de todos tener un discurso que desinflame la tensión dramática de la vida política», ha subrayado Martín Blanco, que ha pedido centrar ahora los esfuerzos no en el procés, que «divide» a la sociedad, sino en reconstruir Cataluña ante la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de COVID-19.
Desde el PSC, Ferran Pedret ha argumentado que la Constitución «no permite los indultos generales» y ha pedido al independentismo que respete a la mitad de los catalanes que no son independentistas: «Podemos convocarnos al diálogo, la reconciliación y la búsqueda de soluciones políticas y de amplios consensos, pero lo que no pueden pedir a esta mitad de la ciudadanía catalana es el olvido».
El presidente del PPC, Alejandro Fernández, también ha hecho hincapié en que «la amnistía no cabe en el ordenamiento jurídico» español, por lo que «puede considerarse inconstitucional.
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