El Parlament salido de las urnas este domingo debe constituirse dentro de los viente días hábiles posteriores a los comicios, lo que significa que el plazo límite es el 12 de marzo.
En esa sesión constitutiva, los 135 diputados elegirán al nuevo presidente del Parlament, así como las dos vicepresidencias y las cuatro secretarías de la Mesa de la cámara catalana.
Dentro de los diez días hábiles posteriores a la constitución de la cámara catalana, se deberá celebrar el pleno de investidura, que en caso de agotarse los plazos tendría lugar como muy tarde el 26 de marzo.
Corresponde al presidente de la cámara proponer a un candidato a la investidura -que debe ser uno de los 135 diputados-, tras haber abierto consultas con los líderes de las fuerzas con representación parlamentaria para sondear quién podría reunir la mayoría necesaria para ser investido.
La investidura del president requiere inicialmente el apoyo de la mayoría absoluta del Parlament, es decir, un mínimo de 68 diputados, y si el candidato no alcanza esa cifra puede someterse dos días después a una segunda votación, en la que le bastará la mayoría simple, más votos a favor que en contra.
Si el candidato a la investidura no consiguiese ser elegido, se abriría un plazo de dos meses -a contar desde la primera votación fallida-, tiempo en el que podría haber más debates de investidura.
Finalizados esos dos meses -si se hubiesen agotado previamente todos los plazos sería el 26 de mayo- sin haber podido desbloquear la investidura, el Parlament quedaría automáticamente disuelto y se convocarían nuevas elecciones en Cataluña, a celebrar al cabo de 54 días, es decir, aproximadamente a mediados de julio.
A esa situación se estuvo a punto de llegar tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015, cuando la CUP se negó a investir al candidato de Junts pel Sí, Artur Mas, que dio in extremis un paso atrás y propuso a Carles Puigdemont, investido en el último suspiro, antes de que fuesen convocados automáticamente nuevos comicios.
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