Tras acceder a este encuentro que le propuso la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, Villarejo manifestó su negativa a que la prisión pudiera grabarlo y reclamaba que se pudiese celebrar en una sala más amplia que un locutorio para poder mantener un «vis a vis» en el que estuviesen presente los tres diputados de Vox y su abogado, Antonio José García Cabrera, y no solo dos personas como estableció el centro penitenciario.
Ahora, en un auto, al que ha tenido acceso Efe y contra el que cabe recurso en un plazo de 5 días, la juez ha denegado las alegaciones de Villarejo a la queja que presentó contra las condiciones impuestas por el director de la prisión de Estremera (Madrid) para esta entrevista.
Sobre que se impida a la prisión grabar la entrevista, la magistrada, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se ha opuesto «partiendo de que dicho interno se encuentra sujeto a la medida de intervención de sus comunicaciones».
En cuanto a que la visita la haya solicitado una diputada, la magistrada entiende que su «condición de diputada, ni siquiera como diputada vocal de la citada Comisión de Investigación parlamentaria, puede condicionar el concreto régimen de control de las comunicaciones del interno».
«Ni siquiera en el caso, como el presente, en que la diputada que va a mantener la entrevista con el interno forme parte de una Comisión de Investigación que tiene por objeto unos hechos que, a su vez, están siendo objeto de investigación en el procedimiento penal que se sigue en la Audiencia Nacional, y por el cual el interno se encuentra en situación de prisión preventiva», añade el auto.
Esto es así, prosigue, «por cuanto las condiciones de la entrevista -perfectamente legítima desde el punto de vista de la acción política y parlamentaria- no puede ser equiparada a las propias de una comparecencia en sede parlamentaria, ante los miembros de la Comisión de Investigación, en la cual sí podría plantearse su necesidad en orden a velar por los derechos fundamentales del investigado a su presunción de inocencia y a su derecho de defensa».
Sobre la presencia del abogado, señala que no es «preceptiva para la validez de todas y cada una de las diligencias de instrucción», y en este caso «carece de todo apoyo» legal y constitucional, aunque si Olona finalmente le designa como acompañante, podría formar parte del grupo de dos personas autorizadas para ese encuentro.
La limitación a dos personas, indica la juez, «parece razonable en atención a la actual situación de pandemia; aunque lo que no podrá en ningún caso, como se ha acordado improcedente por la Dirección del Centro Penitenciario es prohibir la presencia de la persona que haya sido designada al efecto por la citada diputada; que no por el interno».
Por tanto, «la eventual presencia del letrado del interno en la comunicación solicitada», no sería en su condición de abogado defensor, por lo que tampoco puede en este caso aplicarse la limitación a la intervención de las comunicaciones con su defendido, y el tratamiento sería el «aplicable a una comunicación/entrevista de naturaleza extraprocesal».
En su escrito de alegaciones dirigido al juzgado de Vigilancia Penitenciaria, la defensa del excomisario pedía que se autorizase a esos tres diputados a grabar el encuentro, tal y como hizo recientemente El País cuando acudió a entrevistarle, pero que no lo haga la prisión en la que está interno desde 2017.
Vox por su parte, al convocar a los medios para hacer declaraciones al término del encuentro -previsto para este viernes a las 10.00 horas, anunciaba que de no cumplirse estas condiciones, ejercerán «las acciones legales oportunas» para preservar sus derechos y su labor de representación de la soberanía nacional «contra quien esté tomando estas decisiones en el Ministerio del Interior».EFE
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