No solo será posible, al amparo de este plan, que la Cámara Alta produzca su propia energía eléctrica, sino que también se plantea sustituir las actuales calderas de gas que se utilizan para calentar el agua sanitaria por otras de biomasa mucho más eficientes.
Estas propuestas se van a someter a consideración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Senado y portavoz de la Mesa, Cristina Narbona.
El plan comprende cinco ámbitos de actuación -la energía y la atmósfera, el agua, los materiales y residuos generados por la Cámara Alta, la calidad del ambiente y el transporte- de todos los cuales se ha efectuado un diagnóstico y se han establecido criterios ambientales en busca de determinados objetivos de impacto ambiental.
El asesoramiento del IDAE, ha explicado Narbona, permitirá estudiar la viabilidad de la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de algunos edificios parlamentarios para generar así electricidad «100 por 100 renovable» cuyo excedente de producción se podría además vender a alguna compañía eléctrica.
Hay más propuestas, como la instalación de calderas de biomasa, todas inscritas en el plan estratégico cuatrienal 2021-2024 al que Narbona concede el máximo rigor y demuestra que el Senado, ha recalcado, se ha tomado «muy en serio» el reto de la transición ecológica, al igual que ya lo ha hecho con la igualdad.
La vicepresidenta ha apuntado además que esta institución ha sido «pionera» en la gestión ambiental y ha recordado que desde 2010 mide su consumo de energía eléctrica, que ha logrado reducir en un 36% gracias a diversas medidas para aumentar el ahorro.
Además, su parque móvil se renovó en 2018 con 14 vehículos catalogados como de «cero emisiones» y se hacen mediciones del gas radón en sus dependencias como medida de prevención para sus funcionarios y trabajadores, ha apuntado.
En suma, este primer plan estratégico, que sigue las recomendaciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, comprende actuaciones en el ámbito de la sostenibilidad de los edificios, la contratación pública ecológica y el «compromiso social», apartado este último que se traducirá en la implicación de su personal en la concienciación medioambiental.
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