Nuevas diferencias en el Gobierno de coalición, en este caso del trato que debería dispensarse en caso de que el prófugo Carles Puigdemont regresase a España.
La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha expresado este jueves el «interés del Gobierno» en que el expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont «pueda ser traído a España para ser juzgado».
Así lo ha manifestado en Algeciras (Cádiz), adonde ha acudido para firmar con los municipios del Campo de Gibraltar el convenio para la transferencia de 7,3 millones de euros.
A preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sobre los indultos, incluido el de Puigdemont, la titular de Hacienda ha respondido que «el interés del Gobierno es que pueda ser traído a España para ser juzgado en los tribunales».
La ministra Belarra, ha defendido que los indultos son necesarios para que «el diálogo fructifique» y ha apostado por terminar con la «judicialización», lo que incluye que «puedan volver» a España los que huyeron, entre ellos Carles Puigdemont.
«Por contra Montero ha señalado «En el momento que el señor Puigdemont llegue a este país tiene que ser puesto a disposición de la justicia, como ocurrió con otros líderes del ‘procés'»,
La ministra defiende su postura respecto al expresidente catalán, «para que responda ante la justicia por aquellos acontecimientos desgraciados que vivimos hace unos años y por los que el señor Puigdemont nunca respondió ante la ley».
En cuanto a la reforma del Código Penal, Montero ha explicado que el objetivo, en el caso concreto del delito de sedición, es «la homologación a nivel europeo» del mismo.
«El delito de sedición, en el ordenamiento jurídico español, data del siglo pasado y está totalmente fuera de contexto de las democracias consolidadas en el marco de los países vecinos», señala la ministra.
«Nuestra idea es homologar ese delito al resto de los que existen actualmente en los códigos penales (europeos)», lo que ha calificado como «un trabajo concienzudo» que «irá acompañado de otra reforma importante para este Gobierno, que es la (ley) del sí es sí, el consentimiento de la mujer».
Para Montero, «lo importante» es que «todo lo que hagamos cuente con todas las garantías, como siempre hace el Ministerio de Justicia, para garantizar la solvencia de la norma».
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