La mayoría del Congreso rechazará previsiblemente este martes una proposición de ley para proteger a denunciantes de corrupción presentada por Vox, que trata de avanzarse a un proyecto de ley que prepara el Gobierno y que solo recabará los insuficientes apoyos del PP, Ciudadanos y Foro.
La proposición de ley pretende crear una autoridad independiente de protección de los denunciantes de corrupción e incluye un premio del 10 % del importe recaudado para quien formulase la denuncia, según ha expuesto la diputada de Vox Macarena Olona al defenderla en el debate ante el pleno.
En un discurso en el que ha relatado su experiencia personal en la persecución de varios casos de corrupción en su trayectoria como abogada del Estado, en los que trató de «levantar hasta la última alfombra», Olona ha indicado que con su texto intenta también «cerrar un círculo», pues esa tarea anticorrupción hizo que Vox le ofreciera iniciar su andadura política.
Olona ha recordado que en aquellos trabajos coincidió con Edmundo Bal, también abogado del Estado y portavoz de Ciudadanos, quien en su turno ha aplaudido la proposición que ella ha redactado.
Bal lo ha considerado un buen texto legal para proteger a los denunciantes, «que lo pasan muy mal», como le ocurrió, ha recordado, a José Luis Peñas, el concejal del PP que alertó de la trama Gürtel.
Ciudadanos votará a favor, pero sin estar de acuerdo con el premio del 10 %, porque haría resucitar a los «cazarrecompensas», ni con algunos aspectos sobre la relación abogado-cliente.
También ha dado el sí el PP, cuyo diputado Pedro Navarro ha lamentado la tardanza del Gobierno en el proyecto de ley para trasponer una directiva europea, aunque también ha puesto algunos peros al texto de Vox, como la regulación de las denuncias anónimas o la autonomía que otorgaría a la autoridad independiente.
A favor asimismo está Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, quien ha agradecido a Olona su «sacrificio y tesón» frente a la corrupción.
No ha encontrado más apoyos Olona, ya que el resto de portavoces han arremetido contra la proposición, con varios argumentos reiterados, entre ellos que no respeta los requisitos fijados en la directiva europea y que existe una paralela propuesta legal que prepara el Gobierno.
Elvira Ramón (PSOE) ha indicado que están «bastante avanzados los trabajos» para que el proyecto de ley llegue a las Cortes, mientras que ha advertido del intento de regular los indultos o el referéndum en las disposiciones finales de este texto, cuando requerirían de una ley orgánica, con mayoría cualificada para su aprobación.
Esos «sustanciales» añadidos en las disposiciones finales han sido también criticados por Ferran Bel (Pdecat), mientras que Pedro Honrubia (Unidas Podemos) ha indicado que Vox solo trata de proteger a algunos denunciantes de corrupción, porque contra otros prefieren las represalias, como han hecho contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, por destapar la corrupción de Vox en Andalucía.
El diputado del PNV Mikel Legarda ha indicado que el texto de Olona es muy similar a una proposición que presentó Ciudadanos anteriormente y que ya rechazó el Congreso, y se opone de nuevo porque no suponen más que «hipérboles» sobre la corrupción que no contribuyen a solucionar el problema.
Joan Baldoví (Compromís) ha pedido al Gobierno más diligencia para su proyecto y María Carvalho (ERC) se ha opuesto porque «a la extrema derecha neofranquista, ni agua», y por las «demasiadas lagunas» en la protección a los denunciantes que presenta la proposición de Vox, a cuyos diputados ha llamado «fascistas» al regresar a su escaño, tras recibir acusaciones desde ese bancada.
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