El rey Juan Carlos ha salido al contraataque y ha acusado a la Fiscalía del Tribunal Supremo de conculcar «de manera evidente el principio de presunción de inocencia» a cuenta de la comisión rogatoria enviada a las autoridades suizas por indicios de criminalidad en un supuesto cobro de comisiones por negocios internacionales.
Residente en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde hace más de un año, el anterior jefe del Estado ha emitido un comunicado a través de su abogado para salir al paso de la difusión por el diario El Mundo del contenido de una comunicación a Suiza remitida por el fiscal instructor de las diligencias que se siguen contra él en el Supremo.
El periódico asegura que el padre del actual monarca cobró «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales», ante lo cual la Fiscalía ha precisado que son las autoridades suizas las que deben «confirmar o descartar» los «indicios de criminalidad» que ha apreciado en su investigación.
Entre tanto, el letrado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha advertido de que las imputaciones de la Fiscalía se realizan «sin apoyatura alguna» y además «son carentes de la más mínima justificación».
Y ha denunciado que al vulnerar la presunción de inocencia «que ampara a todo ciudadano» se traslada a la opinión pública «valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente» a don Juan Carlos.
El abogado destaca que la comunicación a Suiza, hecha hace casi siete meses, contiene «graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, estando contradichas por otros hechos de los que hada se dice».
El Ministerio Público se ha limitado a subrayar en un breve comunicado que corresponde a las autoridades suizas confirmar o no los indicios detectados en sus pesquisas y ha recordado que mantiene abiertas tres diligencias de investigación sobre el rey emérito.
Una se refiere al cobro de 65 millones de euros por presuntas comisiones de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), otra indaga si recibió donaciones no declaradas y una tercera pretende averiguar si ocultó fondos en paraísos fiscales.
Estas informaciones saltan a la palestra en vísperas de la solemne apertura del Año Judicial, el próximo lunes en el Tribunal Supremo, en un acto presidido por el rey Felipe VI y con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de las máximas autoridades institucionales y judiciales.
También estará allí la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quien precisamente hoy ha entregado al rey y a Sánchez la Memoria de la Fiscalía que se presentará el lunes.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado «preocupantes» estas noticias, ha subrayado que España es un Estado «en el que todo tiene que ser conocido y todo debe ser investigado» y ha añadido que espera que la investigación que dirige la Fiscalía «llegue hasta el final para esclarecer los hechos».
«Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas necesarias y precisas que estime oportunas, se analicen los hechos y se determinen las consecuencias que procedan», ha agregado.
Y si desde el PP su portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, apuesta por no hacer juicios de valor sobre el rey emérito y esperar a que los tribunales se pronuncien, por parte de Vox, su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al fiscal de actuar de manera «partidista» en este asunto dentro de un proceso de «derribo» contra la Corona.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha apostillado que es partidaria de que la Fiscalía investigue «hasta el final» y «que se sepa todo» sobre el rey Juan Carlos, aunque se ha mostrado convencida de que este caso «no va a hacer caer a Felipe VI».
El presidente del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, espera que la información referida a Juan Carlos I sea «el paso previo» para «sentarlo en el banquillo de los acusados», así que ha aprovechado para emplazar al PSOE a rectificar y apoyar una comisión parlamentaria de investigación.
Además de la información difundida por El Mundo, el diario El País publica otra noticia sobre los requerimientos que Hacienda ha hecho a la Casa del Rey para que le facilite los pagos realizados a don Juan Carlos desde su abdicación en 2014 hasta 2018, período en el que recibió una asignación anual de 198.845 euros.
El propósito de esta solicitud, según el periódico ya atendida por Zarzuela, es comprobar si los pagos coinciden con los ingresos financieros que tuvo el rey emérito en ese tiempo en el marco de la investigación de la Agencia Tributaria sobre un presunto delito fiscal.
El Ministerio de Hacienda ha aclarado que ni este departamento ni la Agencia Tributaria pueden hablar de contribuyentes ni de investigaciones concretas y ha apuntado que cuando se produce una regularización fiscal, esta agencia «comprueba que ésta sea completa y veraz».
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