Se trata de «una propuesta, por ahora», según fuentes de la Consejería de Educación, que ha presentado este mes de septiembre el proyecto de modificación del decreto de libertad de elección de centro educativo al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, cuya consulta es preceptiva en materia educativa pero no vinculante para el Gobierno regional.
La propuesta del Gobierno madrileño busca modificar el artículo 9 del decreto 29/2013, de 11 de abril, sobre criterios de admisión en centros escolares, de forma que al aplicar la consideración de familia numerosa como criterio de admisión del alumno solicitante, el concebido no nacido contabilice como miembro de la unidad familiar.
Se trataría de uno de los «criterios complementarios» junto con otros como ser alumnado nacido de parto múltiple, de familia monoparental, en situación de acogimiento familiar o ser víctima de violencia de género o del terrorismo.
En su Portal de Transparencia, el Gobierno regional explica que tramita el proyecto de decreto sobre libertad de elección de centro escolar -de un solo artículo- y actualiza «los criterios aplicables al proceso de admisión en centros sostenidos con fondos públicos, así como su ponderación, con la finalidad de que, como establece la normativa básica estatal, ninguno de ellos, con la excepción del criterio de proximidad, pueda superar el 30% de la puntuación máxima».
El pasado 23 de septiembre, la propuesta fue sometida a consulta del Consejo Escolar madrileño, integrado por los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF, UGT, USO, FSIE, Sindicato de Estudiantes, la FAPA Giner de los Ríos, representantes de centros concertados y privados, la patronal CEIM, universidades y la Administración, entre otras entidades.
Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la enseñanza madrileña, ha expresado su rechazo a que se modifique dicho decreto porque, entre otros motivos, plantea conceder derechos, como condición de familia numerosa, a los hermanos en cuya familia haya un concebido no nacido.
CCOO considera que la modificación pretendida por la Consejería de Educación «se basa en un sistema perverso», y exige abordar un «cambio radical del modelo y sistema de admisión» del alumnado.
Para ANPE, «es un tema jurídico complejo. Puede parecer razonable que, en el momento de hacer la matrícula, se tenga en cuenta a los concebidos no nacidos a efectos de consideración del solicitante como perteneciente a familia numerosa», según su presidente Andrés Cebrián, quien entiende que pueda «acarrear dudas legales en cuanto a validez, justificación o momento de la gestación».
Según la FAPA, las modificaciones del decreto «no solo no mejoran, sino empeoran y dificultan aún más la escolarización», ya que además de incorporar a los concebidos no nacidos, se quita un punto por existencia de discapacidad física, psíquica o sensorial legalmente acreditada, que pasa a criterio complementario con solo 5 puntos.
En el criterio de renta anual familiar solo se considera a beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) o Ingreso Mínimo Vital, dejando fuera a muchas familias desfavorecidas, critica la FAPA. EFE
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