Así consta en un informe de la Fiscalía belga, al que ha tenido acceso Efe, remitido a la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, que investiga al exconseller Raül Romeva y a una decena de cargos del Govern por malversar casi un millón de euros para «internacionalizar» el «procés» mediante contratos a dedo, algunos vinculados a informes o trabajos académicos «arbitrarios».
Uno de esos informes que investiga la juez por su opacidad es un estudio en materia de defensa que la Generalitat encargó a la empresa belga BVBA Services, por lo que tramitó una Orden Europea de Investigación (OEA) para obtener información sobre esa firma, su actividad y su objeto social.
La magistrada considera irregular el proceso de contratación del informe, porque la Generalitat no mantuvo ninguna comunicación institucional ni formal con la empresa y dejó la intermediación en manos del sociólogo Salvador Cardús, que fue miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional y está citado a declarar como testigo en el caso.
El contrato llamó la atención de la magistrada, además, porque no se ha podido acreditar quién es el titular de la cuenta de Bélgica a la que se transfirió el pago.
En su respuesta a la juez, las autoridades belgas informan de que la empresa fue investigada por la Fiscalía de Bruselas por «blanqueo y corrupción», en unas diligencias que datan de 2017.
El informe, que identifica a las tres personas que dirigían o administraban la sociedad -de nacionalidades belga y alemana-, añade que la firma «no ha tenido empleados», no ha sido objeto de control en lo que respecta a sus obligaciones fiscales y fue disuelta en el año 2018.
La investigación judicial se deriva de una denuncia que presentó la Fiscalía en base a un informe del Tribunal de Cuentas que detectó que la Generalitat había destinado fondos públicos a actividades que no entran en sus competencias y pueden «perturbar» la dirección de la política exterior española.
La Fiscalía halló supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos y subvenciones -otorgados «a dedo» o troceados para evitar concursos públicos-, que según la juez no iban dirigidos a «promocionar la imagen del país, objetivo de la acción exterior, sino a internacionalizar el proceso sobre el derecho a decidir».
Entre los contratos investigados figuran trabajos académicos en materias en principio ajenas al ámbito competencial de la Generalitat, algunos «orientados a contar con estudios para la creación de las estructuras de un nuevo Estado una vez Cataluña alcanzara la independencia», según mantiene la juez en el que auto con el que, el pasado mes de mayo, abrió la investigación.
Además de Romeva, en la causa están investigados el exsecretario del Diplocat Albert Royo, el exsecretario de Govern Victor Culell, el exsecretario general del Departamento de Acción Exterior Aleix Villatoro y el exsecretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat Roger Albinyana, entre otros. EFE
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