Fuentes jurídicas explican a Efe que se trata de un asunto «relevante y delicado» ya no solo por la trascendencia mediática y política de esta cuestión sino por las consecuencias derivadas en caso de que el Supremo revoque el nombramiento, que fue muy contestado por la oposición y la mayor parte de la carrera fiscal.
Los recursos serán, finalmente, revisados por los seis magistrados que componen la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo que será presidida, a petición propia, por el presidente de la Sala Tercera, Cesar Tolosa, algo que suele ser habitual cuando se trata de una cuestión de tal importancia. La ponencia corre a cargo de Pilar Teso, de perfil progresista.
Por tanto no será abocado a Pleno como habían solicitado nueve magistrados de la Sala Tercera por razones de «deferencia institucional» y basándose en el precedente que marcó el caso del exfiscal general Eligio Hernández, cuyo nombramiento fue estudiado y revocado por el pleno en 1994, tras dos años en el cargo.
Con todo, las fuentes sí confían en dejar resuelta la cuestión el mismo martes. «Esa es la intención», añaden las fuentes que no descarta que en caso de desacuerdo se alargue al miércoles.
LA CLAVE DEL PROCESO: LA APARIENCIA DE IMPARCIALIDAD
El nombramiento de Dolores Delgado fue impugnado ante el Tribunal Supremo tanto por el PP como por Vox al considerar que no se ajustaba a los criterios de «idoneidad» e «imparcialidad» al haber sido ministra de Justicia con el PSOE y diputada socialista.
Precisamente la apariencia de imparcialidad será la cuestión de fondo a analizar por los magistrados, es decir, si el paso directo del Ministerio a la Fiscalía General distorsiona, desvirtúa o quebranta la imagen de imparcialidad de aquella persona que actualmente ostenta la jefatura del Ministerio Público.
Según el PP, Delgado no reúne la apariencia de imparcialidad imprescindible para este nombramiento dada su «vinculación inequívoca» con el PSOE y el Gobierno, que con su nombramiento solo persigue «situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación».
«Todo gira en torno a esta cuestión de fondo», señalan las fuentes, que precisan que tendrán que estudiar si Dolores Delgado llegó al cargo contaminada por su reciente pasado socialista.
LA LEGITIMIDAD DE LOS PARTIDOS PARA RECURRIR
Ahora bien, antes de llegar a esta cuestión los magistrados enfrentan otros tres escollos, como la legitimidad de los partidos para interponer un demanda contra el nombramiento de Delgado, alegada por la Abogacía del Estado para reclamar que se decretara su archivo y cuya decisión la Sala aplazó a la sentencia.
Luego habrá que analizar el procedimiento del CGPJ cuando entró a tramitar la propuesta de Delgado como fiscal general y que fracturó al Consejo en dos, con doce vocales que respaldaron el nombramiento frente a siete que lo rechazaron.
Valga como ejemplo que el Consejo se limitó a constatar en su informe que la exministra cumplía con los requisitos que exige la ley para el cargo de fiscal general -15 años de ejercicio profesional como jurista de prestigio-, sin hacer referencia a sus «méritos» o «idoneidad», como sí ocurrió con sus antecesores y que será el tercer aspecto a resolver ahora por los magistrados. EFE
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