Como ha ocurrido en el turno de los cuatro candidatos propuestos para el Tribunal Constitucional, la Comisión Consultiva de Nombramientos se ha desarrollado en el apartado del Tribunal de Cuentas sin la participación de varios grupos, por lo que todas las críticas han emanado de JxCat, a través de su diputado Josep Pagès i Massó.
Ha denunciado el parlamentario independentista ante los seis candidatos que elegirá el Congreso que este órgano es un «agujero negro» porque acumula funciones administrativas y enjuiciamiento, con sentencias en primera y segunda instancia, que limitan además la capacidad de recurso.
JxCat ha reprochado además un sistema de elección con «fontaneros» de partido que elijen por afinidad política a los consejeros, o el abuso de derecho que supone que este órgano haya pasado a controlar la competencia de acción exterior de la Generalitat.
Pese a ser el único representante que ha votado en contra de la idoneidad de los candidatos, Pagès i Massó ha recalcado que no cuestiona su perfil profesional y técnico, si no el procedimiento de elección.
Enriqueta Chicano, cuyo nombre suena para presidir el Tribunal de Cuentas, la jurista Isabel Fernández Torres, Dolores Genaro Moya, Diego Íñiguez Hernández, José Manuel Otero Lastres y Miguel Ángel Torrees Morato han obtenido la idoneidad gracias al apoyo de PSOE, PP y Unidas Podemos, mientras que los candidatos que elegirá el Senado pasarán este examen el próximo 10 de noviembre.
Chicano, que lleva más de 25 años en el Tribunal de Cuentas, ha negado ante el Congreso que sea un abuso de derecho la fiscalización del gasto público de las comunidades autónomas, como denunciaba JxCat y ha hecho hincapié en que no se debe consentir que «presagios de debilitamiento» de las instituciones lleven a su desprestigio.
Miguel Ángel Torres, con 14 años en este órgano, ha defendido que no existe problemática por la acumulación de competencias, que recaen en diferentes unidades y hay «plenas garantías», al tiempo que ha apuntado que los consejeros adscritos a la sección de enjuiciamiento «podrían ser elegidos de otra manera» y que ha abogado por dotar de «contornos más definidos al delegado instructor».
Tampoco ha expresado reservas con el modo de funcionamiento del Tribunal de Cuentas Íñiguez Hernández, quien ha evitado hablar sobre el método de elección del Consejo General del Poder Judicial, pese a que el PP le ha pedido opinión como estudioso de la separación de poderes.
Respecto a los retos en el futuro, Isabel Fernández Torres, que ha estudiado la tecnología «blockchain» o cadena de bloques con la que funciona la moneda virtual «bitcoin» ha apostado por la digitalización, mientras que Genaro Moya, tras nueve años como consejera, ha abogado a favor de hacer informes más asequibles, así como de acercarlos a la ciudadanía a través del vídeo o del «podcast».
Esta consejera, que ha estado al cargo de fiscalizar la dependencia, la seguridad social o a los partidos políticos, enumera entre los desafíos venideros la fiscalización de los objetivos de desarrollo sostenible o los fondos europeos para la recuperación. EFE
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