Un informe del Senado propone que, ante el envejecimiento de la población, se apruebe una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación a las personas mayores, que debería ser resultado de un pacto de Estado.
Así, el Senado propone “un pacto de Estado para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores, que suponga una garantía específica para estas y que contemple, al menos, los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección económica y jurídica, educación, cultura, ocio y de los cuidados”.
La ley integral para la protección de las personas mayores debería tener efectos en materias como la dependencia, las pensiones y la Sanidad pública, pero también los medios de comunicación y la cultura, o en el acceso a edificios y transporte.
El texto, al que ha tenido acceso EFE, será aprobado mañana en la Comisión de Derechos Sociales sobre el proceso de envejecimiento en España.
La ponencia sobre el asunto arrancó en septiembre de 2020 a raíz de una moción del grupo parlamentario socialista. Durante este año de trabajos han comparecido ante la comisión decenas de expertos y responsables institucionales relacionados con las personas mayores y el envejecimiento.
La comisión recomienda “promover una sociedad para todas las edades”, repensando “el papel de las personas mayores en la sociedad actual desde el diseño de las ciudades y los pueblos, las viviendas, los medios de transporte, los servicios y las políticas públicas”.
ENVEJECIMIENTO
El Senado parte de un diagnóstico demográfico: el progreso ha disparado la esperanza de vida y ello “supone una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI”, que “obliga a repensar las políticas públicas” porque, en el año 2050, “serán más las personas mayores de 65 años que las menores de 15 en todo el mundo”.
“España es uno de los países de la Unión Europea con la población más longeva” y, en ese mismo año 2050, el número de personas de 65 años será de un 31,4 % y un 11,6 % el de las personas mayores de 80 años”. “En los últimos cien años, la esperanza de vida en nuestro país se ha incrementado en 50 años”.
Por esta razón, el fenómeno del envejecimiento de la población, que es un éxito del progreso, debe ser abordado de manera transversal con atención a cuestiones como la soledad no deseada, la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la flexibilidad en el acceso a la jubilación o el establecimiento de incentivos para prolongar voluntariamente la vida laboral.
Al tiempo, propone la puesta en valor la función social de quienes trabajan en el sector de los apoyos y cuidados.
De este modo, el citado Pacto de Estado debe impulsar la economía del envejecimiento, dice el Senado.
Y por ello recomienda “promover que las empresas fomenten la formación continua y permanente, para conseguir mantener la empleabilidad a lo largo de la vida”, con especial atención a la tasa de actividad y de empleo para mayores de 55 años. Pero también “favorecer el tránsito flexible a la jubilación”.
Otra de las claves será la atención a las personas dependientes. A juicio del Senado, ”resulta imprescindible cumplir con el compromiso adquirido con las Comunidades Autónomas de contar con una financiación adecuada y suficiente” de las políticas de atención a la dependencia».
Propone también fomentar “una nueva cultura del envejecimiento, revisando lenguaje y actitudes que estigmatizan e infantilizan a las personas mayores”, lo que incluye “mejorar el tratamiento de la información acerca de las personas mayores, sobre todo en los medios de comunicación y publicitarios”.
En esta línea, la comisión recomienda mejoras en el conocimiento y estudio del envejecimiento de la población, con mejor atención a los múltiples problemas derivados del mismo.
DEPENDENCIA
Y también mejorar las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en múltiples aspectos, así como “transformar el modelo residencial para las personas mayores predominante hacia un modelo que se parezca lo máximo posible a un hogar”.
Así, pide “velar, en materia de centros residenciales para personas mayores, ya sean públicos, privados o concertados, por la suficiencia de recursos humanos formados y estables, por la equidad en el acceso, por la homogeneización de los módulos de estancia coste/día y por el desarrollo de protocolos de coordinación social y sanitaria personalizados y de programas de cultura y ocio comunitario”.
Al mismo tiempo, propone “promocionar la autonomía personal entre las personas mayores” y el envejecimiento activo basándose en aspectos físicos y promover políticas educativas, de ocio y culturales entre las personas mayores.
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