Agentes de todos los cuerpos policiales, desde guardias civiles a policías nacionales, autonómicos y locales, están llamados este sábado a manifestarse en Madrid contra la reforma que plantea el Gobierno de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, contra la que también protestarán PP, Vox y Ciudadanos.
Pese a las discrepancias iniciales entre sindicatos y asociaciones, finalmente todos los colectivos representativos de las fuerzas de seguridad del Estado se han sumado a la marcha convocada por Jusapol, la asociación nacida en 2018 y de la que surgieron Jupol y Jucil, las dos organizaciones actualmente con más representación en los consejos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, respectivamente.
Bajo el lema «No a la inseguridad en España», la manifestación partirá en torno a las 11:30 horas de la Puerta del Sol y culminará ante el Ministerio del Interior, situado en el número 5 del Paseo de la Castellana, junto a la plaza de Colón.
A la protesta, en la que se prevé una asistencia notable de agentes, se sumarán, tal y como han anunciado, los líderes de PP, Vox y Ciudadanos, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo hace semanas que participaría en la manifestación.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lamentó el pasado lunes en Mérida que el PP trate de «patrimonializar» y «politizar» a las fuerzas de seguridad formadas por profesionales que han hecho de los cuerpos policiales las instituciones mejor valoradas. «Esa imagen se debe también a su neutralidad, que debería ser preservada por todos», avisó.
LOS CINCO PUNTOS MÁS CONTROVERTIDOS
En la protesta de este sábado, que se espera masiva, se repetirán los reproches que los agentes lanzaron este miércoles frente a las delegaciones del Gobierno contra los cambios que PSOE y Unidas Podemos han acordado introducir en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, vigente desde julio de 2015 y que fue aprobada con los votos del PP, que contaba con mayoría absoluta en el Congreso.
Fundamentalmente, las organizaciones sindicales, que llaman a la movilización de los agentes y de toda la ciudadanía, consideran que la futura ley dejará «indefensos» a los policías y con menor seguridad jurídica sus actuaciones.
Centran sus críticas en cinco puntos o enmiendas pactadas por los socios de Gobierno: la toma y difusión de imágenes a los agentes en la calle, la veracidad de su testimonio, el material antidisturbios, el protocolo de identificaciones en dependencias policiales y las manifestaciones espontáneas.
Desde el Ejecutivo no comparten el diagnóstico que plantean los agentes sobre las repercusiones de la futura norma. Fuentes gubernamentales señalan a Efe que las modificaciones que están sobre la mesa adaptan la ley a resoluciones judiciales relacionadas con la protección de todos los derechos y libertades en su conjunto y, en especial, los de expresión y manifestación.
Concretamente se refieren a la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2021 que consideró inconstitucional la infracción a quien hiciera o difundiera imágenes de los agentes sin autorización.
Hace tres años que Interior dictó una instrucción para decirle a sus agentes que la mera toma de imágenes no era sancionable. La enmienda va en esa línea y acota la infracción a cuando ese uso de imágenes o información genere «cierto peligro» a su seguridad personal o familiar, o la de las instalaciones protegidas, o ponga en riesgo el éxito de una operación.
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