Las cuatro comunidades autónomas que rechazan la protección especial del lobo ibérico -Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia- pedirán una reunión con el comisario europeo de medio ambiente, Virginijus Sinkevičius, para que pueda «influir» sobre la posición del Gobierno de España, que debe recobrar el «sentido común».
Así lo han asegurado este martes en rueda de prensa los consejeros de Medio Ambiente del Principado, Cantabria y Castilla y León, que han participado en Oviedo en el Patronato y en la Comisión de Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa.
El titular asturiano, Alejandro Calvo, ha señalado que estas comunidades, que aglutinan al 95 por ciento de los ejemplares de todo el país y que han creado un grupo de trabajo alternativo al compuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar una estrategia para la gestión del lobo, quieren que las instituciones comunitarias conozcan «de primera mano» su trabajo, que «ha seguido las orientaciones de las políticas europeas».
Así, ha indicado que confía que «a la mayor brevedad» pueda producirse el encuentro con el comisario europeo, de modo que pueda ver todo el «rigor técnico y científico» la gestión que han desempeñado estos cuatro territorios.
Calvo, que ha pedido que se recupere «el consenso que no se debería haber perdido» sobre esta cuestión, ha explicado que Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia continúan unidas y confían en que se resuelvan favorablemente las medidas cautelares solicitadas frente a la inclusión del cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
«Aspiramos a poder seguir gestionando el lobo», ha puesto de manifiesto antes de recordar que la evolución de la especie «no ha retrocedido» y «el estado de conservación es favorable».
Calvo ha reclamado al Ministerio que respete la estrategia vigente y que incorpore, además, el trabajo realizado por las comunidades.
Por su parte, su homólogo de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha mostrado «esperanzado» de que prosperen los recursos contencioso-administrativos de las cuatro comunidades autónomas y las medidas cautelares interpuestos contra la protección del lobo.
Además, ha recordado que la pasada semana la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad atendió la petición de las cuatro comunidades y retiró del orden del día de su reunión la aprobación de Estrategia para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación elaborada por el Ministerio.
El consejero ha apuntado, por otro lado, que todas las decisiones sobre la gestión de las especies se han tomado históricamente de «común acuerdo» con las comunidades y que la catalogación del lobo ha roto esa trayectoria de acuerdos.
El consejero cántabro, Guillermo Blanco, ha confiado en que vuelva el «sentido común» al Gobierno de España, tras al «avasallamiento» al que está sometido a las comunidades con el lobo, y ha dicho albergar «esperanza» en las decisiones judiciales.
Blanco ha puesto en valor la gestión de las cuatro comunidades que rechazan la protección de la especie al considerar que están «más cerca del terreno» que los dirigentes que tienen su despacho en el Paseo de la Castellana, desde donde se han tomado «decisiones unilaterales».
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