Con esta ley Más País intenta desarrollar la legislación actual sobre la participación directa de la ciudadanía en lo público frente a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) más vinculada al voto en las elecciones, ya que propone crear mecanismos de consulta ciudadana con requisitos más ágiles.
«Se trata de que sean instrumento cotidianos de gestión pública, sobre todo a nivel municipal», señala el texto de Más País.
Así, el partido que lidera Errejón propone regular el referéndum en esta nueva Ley, en sus distintas modalidades, y puntualiza que las autonomías y los ayuntamientos podrían solicitar la celebración de este tipo de consultas que «versen exclusivamente sobre materias de su ámbito competencial».
Pero también las personas con derecho de sufragio activo en las elecciones generales podrían solicitar la celebración de referéndums sobre cuestiones que afecten directamente a su calidad de vida o al interés general y las solicitudes ciudadanas serían tramitadas a través del portal del sistema público de participación digital que regularía esta norma.
La autorización para la celebración de consultas populares por vía de referéndum sería competencia exclusiva del Estado, en los términos expresados por la Constitución y en los casos en que las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos o la ciudadanía soliciten la celebración de un referéndum, el Gobierno o, en su caso, el Congreso de los Diputados, a través de su órgano de gobierno, deberán mantener un mínimo de dos encuentros con los promotores de la solicitud antes de denegarla.
Hoy presentamos la #LeyParticipaciónCiudadana para abrir las instituciones a la ciudadanía y adaptar la participación al siglo XXI. Hilo pic.twitter.com/FwA9keJppr
— Más País (@MasPais_Es) November 30, 2021
Por otra parte, Más País detalla las condiciones que deben darse para un referéndum consultivo, para el referéndum de reforma constitucional, para el de la iniciativa autonómica o el de aprobación de un Estatuto de Autonomía.
Frente a las Iniciativas Legislativas Populares a través de las cuales los ciudadanos pueden solicitar la creación de una Ley si reúnen 500.000 firmas en papel, Más País insta a que se pueda realizar a través de la administración digital, que «ya ha llegado a la declaración de la renta o al pago de algunas tasas».
La Ley que han registrado también pide que la recogida de firmas para una ILP se pueda hacer vía web, previa identificación de cada ciudadano con el certificado digital.
Por otra parte, Más País incide en que se debe facilitar la participación de expertos y afectados en la elaboración de políticas públicas, y en su Ley piden crear un Observatorio Ciudadano encargado de evaluar los resultados reales de las políticas públicas, más allá de su publicación en el BOE.
La participación ciudadanía directa afectaría a todos aquellos mayores de 16 años nacionalizados o residentes en España, al tiempo que impulsaría la participación de las mujeres. También obligaría a los ayuntamientos a disponer de medios técnicos y asistentes para que nadie se vea excluido de la participación.
No obstante, en la proposición de Ley se incide en que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos podrán hacer uso de su autonomía organizativa para desarrollar los instrumentos de participación directa que consideren necesarios, dentro del marco legal básico establecido.
Respecto a la participación electoral, elimina la prohibición de publicar sondeos en los días previos a las elecciones.
Otro de los puntos de la Ley promovida por Errejón hace referencia a la participación ciudadana en los Presupuestos Generales de Estado para que puedan mostrar sus preferencias en la priorización del gasto público a través del portal del sistema público de participación digital que dispondrá de una aplicación en la que aparecerán diferentes materias objeto de gasto, así como el importe y nivel de ejecución de estas partidas en el ejercicio anterior.
En toda la iniciativa, Más País apuesta por el voto telemático en los mecanismos de consulta y participación ciudadana con garantías a través de licencias de software libre para los ciudadanos en el momento de su uso, evitando en todo lo posible utilizar la tecnología privativa.
EFE
rdm/mcm
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