La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha respondido así a la petición realizada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, como parte de un recurso presentado contra la Junta de Castilla y León, y sobre cuyo fondo aún tiene que resolver.
En su escrito, Parques Nacionales recurre un acuerdo de la Junta en la que el Gobierno autonómico se declara «no competente» para declarar la caducidad de la concesión de la vertiente segoviana de la estación de esquí.
Además, ante el anuncio de que la estación abriría este fin de semana, pedía como «medida cautelar provisionalísima y urgente» que la Junta de Castilla y León dispusiera «todo lo necesario para la inmediata paralización de todo uso del monte propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales por parte de la empresa concesionaria».
Según el auto, remitido por el TSJCyL y firmado por el magistrado Felipe Fresneda, la Sala ha denegado la adopción de estas medidas cautelares porque considera que «no existe urgencia alguna» para ello.
«El aprovechamiento del monte se viene realizando durante los últimos 25 años en base a la concesión efectuada por el Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales en fecha 29 de febrero de 1996. Por ello, a los efectos analizados, no existe urgencia alguna para adoptar las medidas interesadas», reza el escrito.
Una vez denegadas estas medidas, la Sala tendrá que dirimir si estima el recurso presentado por Parques Nacionales que tiene como objeto el acuerdo del 14 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la incompetencia de la Administración autonómica para resolver la caducidad de la concesión.
Ya el pasado mes de marzo, el Organismo Autónomo Parques Nacionales informó que no renovaría la concesión otorgada en 1996 para la explotación deportiva de las 7,7 hectáreas que forman parte del Monte Pinar de Valsaín, propiedad del órgano dependiente del Ministerio y actualmente ocupada por las pistas de esquí segovianas Escaparate, Telégrafo y El Bosque.
A continuación, el organismo solicitó a la Junta de Castilla y León que declarase la caducidad porque, aunque el organismo ministerial el titular del terreno y a quien corresponde tomar la decisión, entendían que el Ejecutivo autonómico era el que debía declarar la caducidad y ordenar y vigilar su desmantelamiento.
Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León, que desde que el Ministerio de Transición Ecológica anunció su decisión se ha mostrado contrario a ella junto a Comunidad de Madrid, respondió al requerimiento el pasado 14 de octubre declarándose «no competente» para ello.
Es esta declaración la que ha sido recurrida por Parques Nacionales ante el TSCyL y sobre la que la Sala deberá pronunciarse próximamente, una vez que ha denegado las medidas cautelarísimas de impedir de forma inmediata la práctica del esquí sobre un terreno cuya concesión el propietario da por caducada.
La empresa que gestiona la estación anunció hace semanas la reapertura de la infraestructura a comienzos de diciembre ante lo que ellos consideraban una falta de comunicación clara y oficial de desmantelamiento, pero ante los acontecimientos de los últimos días, señaló que esperarían para tomar una decisión. EFE
Estrella Digital