La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la de Educación, Pilar Alegría, han coincidido en subrayar que Garzón hablaba “a título personal” cuando aseguró en el diario británico The Guardian que las macro-granjas españolas «contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados».
“Las palabras de Garzón reflejan una mera percepción personal”, ha asegurado Rodríguez en una entrevista en La Sexta, antes de subrayar que “la opinión del Gobierno es la que emana del Consejo de Ministros y del apoyo del presidente del Gobierno al sector ganadero”.
Para el Ejecutivo, el sector ganadero “es prioritario, no se entiende España sin el sector ganadero”, y no solo cumple con todas las directivas de la Unión Europea, sino que produce carne de “altísima calidad”.
Al igual que Rodríguez, la titular de Educación ha recordado en Onda Cero el apoyo expreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las carnes españolas y las recientes normas sobre la cadena alimentaria y el despliegue de la PAC.
Preguntada sobre si el ministro debería dimitir tras sus polémicas declaraciones, Rodríguez ha asegurado que “eso habría que preguntárselo a él”.
Quien ha pedido claramente la dimisión de Garzón ha sido el PP, cuya presidenta del Comité de Derechos y Garantías, Andrea Levy, ha tildado de «irresponsable» al ministro y ha considerado que si el Ejecutivo tiene un ministro «que habla mal de España fuera» no puede continuar «un minuto más en el Gobierno».
«Lo normal es que dimita o le cesen», ha asegurado.
También la portavoz de Agricultura del grupo parlamentario popular en el Congreso, Milagros Marcos, ha considerado «incomprensible que un ministro hable mal de uno de los principales sectores de la economía nacional», que genera más de un millón de empleos directos y equilibra la balanza comercial española, con unos 9.000 millones de euros en exportaciones.
A su juicio, no se puede consentir que Garzón «siga un minuto más en el cargo», por lo que ha exigido al presidente del Gobierno y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que salga a defender al sector.
También el secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha reclamado la dimisión inmediata del ministro Garzón, a quien ha pedido que «pare ya» de hacer daño al sector primario español y aragonés, que rectifique y dimita por decir “barbaridades”.
«Un ministro no se puede permitir y no debemos permitir que ataque así al campo español, al campo aragonés» porque un ministro «tiene que defender a su país y respetar a los sectores económicos».
En defensa del sector ganadero han salido también los presidentes de las comunidades más afectadas por las críticas de Garzón.
La alarma por las palabras de Garzón la dio el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter en la que este miércoles ha reiterado la advertencia de que Garzón “es reincidente en sus ataques a la ganadería” y que Sánchez “no puede mantener en su Gobierno a quien pone en peligro una actividad esencial”.
Desde Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha pedido al ministro de Consumo que rectifique y reconozca que la carne española «es de primera calidad».
“No se de puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior», ha subrayado.
También presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, también del PSOE, ha defendido el modelo de ganadería que se practica en Asturias, «extensivo, sostenible y de calidad» y que «ha definido el entorno ambiental» de la comunidad.
Otro socialista, el secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato al Gobierno autonómico, Luis Tudanca, ha pedido a Garzón, que «se calle» y que «no hable de lo que ni sabe ni entiende».
Pero las críticas a Garzón no solo han partido de los políticos, también las organizaciones agrarias y ganaderas han cuestionado las opiniones del ministro y han exigido su rectificación.
Así, la organización agraria COAG ha exigido una rectificación pública del ministro tras haber «criminalizado a las miles de familias del sector ganadero» y ha señalado que si el ministro no rectifica, el presidente del Gobierno debe tomar medidas. EFE
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