En un acto celebrado para darle apoyo, con un centenar de simpatizantes y otros diputados de la CUP-NGG en el Parlament y el Congreso, como Carles Riera, Dolors Sabater, Pau Juvillà, Mireia Vehí y Montserrat Vinyets, Reguant ha agradecido el respaldo y ha dicho que el juicio contra ella «ejemplifica qué es la justicia en el Estado español y cómo la extrema derecha utiliza todas las herramientas que el Estado le ha puesto al alcance».
Reguant ha explicado que la decisión de no responder a las preguntas de Vox en la vista del juicio del 1-O fue tomada de forma «colectiva», tanto para ella como para el exdiputado anticapitalista Antonio Baños.
«Consideramos que lo que podía ayudar más a hacer fuerte el movimiento antifascista era denunciar la connivencia del Poder Judicial con la extrema derecha», ha argumentado.
Más allá, según la encausada, «la transición nunca ha depurado los fundamentos del Estado y la presencia de la extrema derecha hacía decir de forma clara que era imposible que hubiera justicia en este juicio».
«El deber moral que tenemos es seguir diciendo que no vamos a contestar a las preguntas de un partido fascista, xenófobo y racista», ha añadido Reguant.
La Fiscalía pide 6 meses de prisión e inhabilitación contra la diputada anticapitalista por un delito de desobediencia grave, al negarse a responder a Vox durante el juicio del proceso. EFE
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