En declaraciones a los medios este miércoles, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha informado de que ha registrado la solicitud tras conocerse que la Abogacía no se ha personado formalmente en la causa y aunque tiene la puerta abierta para hacerlo más adelante, es poco probable que lo haga.
El Tribunal de Cuentas fijó el pasado junio una fianza de 5,4 millones de euros a 42 ex altos cargos de Cataluña, entre ellos a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al exvicepresidente Oriol Junqueras por los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum con dinero público.
«Estamos en el pago a plazos al independentismo para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa y en la mercantilización del Estado de derecho», ha dicho Gamarra, que ha añadido que «si los votos del independentismo tenían un precio en 2021, que eran los indultos, en 2022 tienen el precio del indulto económico».
Al respecto, ha destacado que «esos 5,4 millones de euros que han salido del bolsillo de todos los españoles, se perdonan para que en 2022 Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno», ya que «es el pago aplazado que veremos durante toda la legislatura de Sánchez a sus socios», en alusión a ERC.
El Tribunal de Cuentas informó este martes de que la Abogacía del Estado no se había personado formalmente en la causa que enjuiciará el presunto gasto irregular de fondos públicos para el 1-O, las conocidas como «embajadas catalanas» y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) que se dedicaban a la promoción en el exterior del proceso independentista en Cataluña.
Finalizado el plazo de personación el 17 de enero, continúan en el proceso Sociedad Civil Catalana, Asociación Cívica y Cultural, el Ministerio Fiscal y los presuntos responsables contables, según señaló la institución en una nota recordando que no se ha registrado ninguna nueva personación, lo que deja fuera a la Abogacía y a la Generalitat, algo que era previsible.
No obstante, fuentes del tribunal explicaron a Efe que la Abogacía aun estaría a tiempo de presentar demanda porque el órgano fiscalizador tiene previsto dar traslado de la causa tanto a la Fiscalía como a la Abogacía para que se manifiesten más adelante, si bien es poco probable que varíe la postura mantenida hasta la fecha.
El siguiente paso en la causa será emplazar a las partes a presentar demanda en un plazo de 20 días, tras lo cual se dará traslado al fiscal y al abogado del estado para hacer lo mismo si así lo consideran. EFE
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