En declaraciones a los medios en la presentación de la estrategia regional par fomentar la natalidad, Ayuso ha explicado que, en cuanto se ha conocido el embargo de las acciones de la empresa, el Canal de Isabel II se ha puesto en contacto con la embajada de España en Colombia y el Ministerio de Asuntos Exteriores que han ofrecido «toda su ayuda y colaboración».
Todo ello después de que el país sudamericano haya aplicado una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones, actualmente embargadas, con las que controlaba la empresa Triple A, de la compañía española Inassa, filial latinoamericana del Canal.
El objetivo, ha explicado Díaz Ayuso, es proteger los intereses de la empresa pública, así como de todas las inversiones del Canal y los intereses económicos y patrimoniales de sus accionistas y de la Comunidad de Madrid.
Según ha publicado el diario El País, Colombia ha aplicado una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones con las que controlaba la empresa Triple A, que gestiona el agua en alguna de las principales ciudades colombianas y es propiedad de la compañía española Inassa, filial latinoamericana del Canal de Isabel II.
El Canal de Isabel II se hizo en 2001 con la empresa Triple A, a través de Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo.
En 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno aprobó la compra del 75 por ciento de Inassa, por 73 millones de dólares.
En 2017, estalló el caso Lezo con la detención del entonces presidente madrileño Ignacio González y exdirectivos de la compañía pública, en el que se investiga una supuesta trama de comisiones y sobrecostes urdida alrededor de la actividad internacional del Canal de Isabel II y de Inassa, la filial que controla esos negocios en América.
El 4 de octubre de 2018, la Fiscalía de Colombia anunció el embargo de acciones de Triple A por considerar que Inassa cobró unos 68 millones de euros a Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo, y ahora ha activado un mecanismo de «enajenación temprana», es decir, de expropiación. EFE
A.M.