Casi 11.000 millones de euros se han dejado de ingresar en España por el retraso en la ejecución de sentencias, según un informe elaborado por Sigma Dos para el Consejo General de Procuradores.
El estudio refleja que uno de los grandes problemas de la justicia española es el trámite de ejecución de sentencias y que son muchos los casos en los que tras una resolución favorable la misma sufre un retraso.
Además, advierte de que España se sitúa a la cola de Europa en tiempo medio de ejecución de sentencias, solo por delante de Grecia, informa el Consejo General de Procuradores.
Explica que en 2019 solo se habían ejecutado una de cuatro sentencias civiles que estaban en trámite, de las cuales aproximadamente el 60 por ciento eran de ejecución dineraria, con un importe medio de 10.000 euros.
Con estos datos en 2019 la tramitación de estas sentencias representaba un volumen global de prácticamente 14.500 millones de euros.
De esta cifra a finales de 2019 solo se habían ejecutado sentencias por valor de poco más de 3.500 millones de euros y por tanto, según la estimación recogida en el informe del impacto económico de estos retrasos, se habrían dejado de ingresar casi 11.000 millones, en concreto (10.742.892.000).
Por otra parte el estudio señala que el tiempo medio del procedimiento de ejecución en España se sitúa entre seis y doce meses, lo que significa que esté a la cola de Europa en este parámetro, solo por delante de Grecia.
Hungría, junto a Estonia y Lituania, se posicionan como los países en los que dicho tiempo medio es más corto ya que en todos ellos pueden pasar solo un par de semanas desde que se emite el título de ejecución hasta que se cumple.
Además, junto a Bélgica, son los que disponen de una mayor implementación de medios telemáticos y digitales para agilizar las diferentes fases del proceso.
Esta comparativa del informe deja a España como el país de su entorno con los niveles más bajos de implantación de medios digitales para la ejecución de sentencias.
Además, en España solo uno de cada cuatro procesos judiciales termina en una ejecución efectiva de la sentencia, muy por debajo de lo que ocurre en los países europeos del entorno
Estonia y Bélgica se posicionan como los países con mayores tasas de ejecución de sentencias, llegando en algunos casos al 85 por ciento.
Hay un segundo grupo de países, con tasas de entre el 40 y el 60 por ciento, como Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Lituania, en los que se logra acabar con éxito la mayoría de los procedimientos de ejecución, siempre según el estudio.
Por otra parte comenta que en España «el procedimiento de ejecución no es ágil ni rápido y duplica o triplica en algunos casos el tiempo».
Recuerda que «requiere la participación del tribunal al que hay que solicitar la ejecución de la sentencia, el importe, los intereses y las costas, del juez que dictará el auto decretando la ejecución y del letrado de la Administración de Justicia que emitirá un decreto acordando las medidas».
«La implicación de todas estas figuras jurídicas y el hecho de que el procurador tenga que solicitar cada paso al tribunal hace que el procedimiento de ejecución no sea ágil ni rápido».
Y agrega que «este procedimiento es atípico si se compara con lo que ocurre en el resto de países europeos del entorno, en los que el ‘huissier’ o agente judicial es la persona responsable de todo el proceso de gestión y tramitación, sin intervención de otros profesionales».
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