El PP ha elevado la responsabilidad política por las supuestas irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, así como al PSOE-A como «marca» que está «detrás de todos esos movimientos».
En el documento de conclusiones del grupo parlamentario del PP dentro de la comisión de investigación también se apunta a los consejeros de Empleo y de Hacienda, que eran también los máximos responsables del consejo de administración y del patronato de la Faffe, fundación que se creó en 2003 y que fue extinguida en 2016.
El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha situado en estos máximos dirigentes la responsabilidad del «derroche de cientos de millones de euros», que calculan en 480 millones, de los que una gran mayoría «o bien directamente se lo llevaron algunos o se malgastó de forma lamentable en decisiones incomprensibles».
Más allá de las responsabilidades jurídicas o penales que se puedan derivar de las actuaciones de la Faffe, Nieto ha defendido en rueda de prensa que «nadie en su sano juicio» puede ignorar las responsabilidades políticas, de las que entiende que no se puede desligar a los tres últimos expresidentes socialistas de la Junta y al PSOE-A, particularmente en las provincias de Sevilla y de Cádiz.
Ha explicado que los militantes socialistas copaban los puestos de dirección de la fundación o eran la mayoría de beneficiarios de las «decisiones arbitrarias, corruptas o de derroche que realizó la fundación y que llevó a malgastar la inmensa mayoría de esos 480 millones que gestionó».
Ha considerado «absolutamente nítida» la relación de la Faffe con el PSOE de Andalucía y ha defendido que el dictamen del PP cuenta con unas conclusiones «tremendamente exhaustivas» que van a «hacer justicia a casi tres años de trabajo de una comisión muy importante, que ha exigido una dedicación brutal».
Los grupos podrán presentar sus conclusiones hasta mañana y, a partir de ahí, el presidente, Enrique Moreno, contará con un plazo de 20 días para elaborar un documento de síntesis, a lo que seguirá otro plazo 15 días para que los grupos presenten alegaciones.
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