Según han informado a Efe fuentes judiciales, con el escrito de la Fiscalía, remitido el pasado 31 de enero, se trata de que el Tribunal de Cuentas averigüe si el dinero entregado por diferentes cargos del PP de Salamanca para pagar las cuotas no abonadas de los afiliados para que pudieran participar así en estas primarias fueron donaciones finalistas que incumplieron la Ley de financiación de partidos.
De este modo, la Fiscalía se suma ahora a la petición que ha realizado en varias ocasiones el propio Juzgado de Instrucción que investiga este caso al Tribunal de Cuentas, que no se ha pronunciado por el momento.
En concreto, el juez, en un oficio que fue remitido el 23 de junio de 2021 al Tribunal de Cuentas, ampliaba una petición que ya realizó en julio de 2020 y recordada en abril de 2021 sobre si se habían detectado irregularidades en las cuentas de 2017 y si el PP debería haber contabilizado en el informe que le presentó los pagos que distintos cargos del partido hicieron para poner al día las cuotas de afiliados que estaban sin pagar y permitir así su participación en el proceso.
El Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca mantiene abierta una investigación sobre supuesta financiación ilegal en el marco de las primarias de 2017, en el que están en calidad de investigados el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, la gerente del partido, Isabel Sánchez, y el propio partido, como persona jurídica, ya que el juez ve indicios racionales de la presunta comisión de este delito.
Las fuentes consultadas han explicado que la Fiscalía ha remitido, ahora, un testimonio -con documentación- de algunas actuaciones que se investigan en el caso de las primarias del PP de Salamanca, para que el órgano fiscalizador analice si hay motivos para iniciar un procedimiento administrativo contra el PP.
Fue el propio PP quien entregó un listado de los afiliados cuyas cuotas no pagadas «fueron abonadas entre el 1 y 16 de marzo de 2017», un listado «anonimizado», en el que se incluían diferentes apartados que desglosaban «el destino de tales pagos», según reconoce la defensa del presidente provincial del PP, Javier Iglesias, en uno de sus recursos presentado.
Las elecciones primarias del PP de Castilla y León en 2017 se celebraron para elegir al sucesor de Juan Vicente Herrera al frente del partido y auparon al cargo al actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ganó al otro aspirante, el entonces alcalde de León y hoy senador del PP por León, Antonio Silván.
A mediados de junio de 2019, durante las negociaciones entre el PP y Cs para conformar el Gobierno en Castilla y León, el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca abrió diligencias previas tras la presentación de una denuncia anónima que se refería a la petición de dinero, entre 300 y 500 euros, a cargos y asesores del PP para pagar cuotas atrasadas de afiliados que necesitaban regularizar estos pagos para participar en las primarias del PPCyL.
El Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca trata de averiguar si las aportaciones económicas en efectivo para pagar las cuotas de afiliados son consideradas como financiación irregular, ateniéndose a la Ley sobre financiación de los partidos cuyo artículo 5.1.a recoge que «los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas, finalistas o revocables».
EFE
Estrella Digital