Se trata de una modificación puntual de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que no afecta al contenido esencial y da cumplimiento al mandato que la propia ley exigía de regulación de los recursos, además de adaptarse a la experiencia vivida por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.
Con la nueva regulación, el Gobierno podrá conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos y privados con los que cuenta y se asegura que la movilización de los recursos se lleva cabo de forma «eficiente e integrada».
Se garantiza así que España tenga los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico necesarios para superar los problemas que puedan surgir en los ámbitos de especial interés para la seguridad nacional.
La contribución de recursos se realizará en coordinación con las comunidades autónomas que, además de aportar medios humanos y materiales, intervendrán en las fases de planificación y gestión de estos recursos.
Entre otras cosas, el nuevo texto regula el catálogo de recursos del sistema de seguridad nacional, en el que se incluirán los datos de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y activos que puedan ser de utilidad para afrontar una crisis. EFE
Estrella Digital