La Audiencia Nacional ha revocado las comisiones rogatorias que el juez del «caso Pujol» Santiago Pedraz ha vuelto a remitir a las autoridades andorranas y danesas, tras no obtener respuesta de las mismas en 2019, al considerar que el magistrado ya no es competente para seguir investigando.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia ha estimado el recurso presentado por la defensa de los Pujol y ha revocado la decisión de Pedraz de reiterar las comisiones rogatorias a Andorra y Dinamarca que en su día resultaron infructuosas.
Fue la Fiscalía Anticorrupción la que pidió al juez que expidiera otra vez esas comisiones rogatorias, pese a que la instrucción del «caso Pujol» está ya culminada, con los escritos de acusación presentados y la causa ya enviada a juicio.
Para la Audiencia Nacional, la Fiscalía «carece de legitimación» para instar esas nuevas diligencias de investigación una vez ya acordada la apertura de juicio oral del «caso Pujol», sin perjuicio de que en su día presente la prueba documental que considere oportuna ante el tribunal que juzga el caso.
La Audiencia considera además «absolutamente extemporáneo» que el juez instructor haya expedido dichas comisiones rogatorias, «careciendo ya de competencia para instruir en relación a un procedimiento que se encuentra en la llamada fase intermedia y hecha ya la calificación por las acusaciones».
En opinión de la sala, el razonamiento esgrimido por el juez instructor para acordar esas comisiones está «falto de coherencia procesal», teniendo en cuenta que la instrucción se dio por acabada el 16 de junio de 2020 y que se abrió juicio oral contra la familia Pujol el 15 de junio de 2021.
En estos momentos, añade la sala, el juez «es incompetente para seguir la investigación sobre los hechos ya delimitados y respecto a personas ya determinadas».
En concreto, Pedraz pidió a las autoridades andorranas que cumplimentaran dos comisiones rogatorias que libró el juzgado en 2019 y de las que no consta respuesta, una referida a cuentas a nombre de un socio de Jordi Pujol Ferrusola y la otra a cuentas de la Fundación Paty, vinculada a su hermano Josep.
En una de esas comisiones rogatorias -la número 22- el anterior instructor reclamaba los datos de las cuentas de cuatro entidades andorranas a nombre de Francesc Robert Ribes, socio del primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, ante la sospecha de que hubiese «sido titular de fondos distintos de los que ya se conocen».
Entre los movimientos sospechosos de los que se pedía información figura un abono (en una cuenta de Andbank) de 350.000 dólares procedente de una cuenta en Andorra titularidad de Holding Robert & Compte, de la que Ribes no dio justificación alguna.
También otra en Banco Sabadell d’Andorra titularidad de Ribes y que garantizó un aval de dicha entidad andorrana a Fibanc por el préstamo concedido a su vez por Fibanc a la empresa Altraforma, y que hizo «en los mismos términos en que el propio Jordi Pujol Ferrusola había garantizado» un aval idéntico, según detallaba de la el juez José de la Mata en su petición de auxilio judicial.
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