La consellera Garriga (ERC) comparece ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que debe notificarle su procesamiento por su papel en la organización del 1-O y ofrecerle la oportunidad de declarar de nuevo, antes de que el caso se envíe a juicio.
A las puertas del TSJC se han citado esta mañana representantes de distintas fuerzas independentistas, entre ellos varios consellers, para mostrar su apoyo a Garriga.
La representación más nutrida ha sido la de su partido, ERC, con la secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta, a la cabeza, junto a los consellers Laura Vilagrà, Teresa Jordà, Josep Gonzàlez-Cambray y Roger Torrent, el exconseller Raül Romeva, y diversos diputados y concejales republicanos.
En declaraciones a los medios, Vilalta ha definido a Garriga como «una servidora pública que a lo largo de su carrera ha trabajado por el bien común y ahora debe enfrentarse a una causa injusta, se la persigue por haber colaborado en el referéndum», que «nunca es delito».
La portavoz republicana ha cargado contra la «persecución obsesiva del Estado», que «no servirá para parar al independentismo», por lo que ERC «reivindica las soluciones políticas y no represivas», entre ellas una amnistía.
Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), acompañada de los diputados Aurora Madaula, Francesc de Dalmases y Elsa Artadi, ha denunciado que el Estado «no pasa página» del referéndum del 1 de octubre y continúa con su «represión» contra «servidores públicos» como Garriga.
«En estos tiempos en que se apela al principio de realidad, vemos cuál es la realidad del Estado: esta persecución que no se detiene», ha dicho Borràs, en un reproche velado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que este fin de semana reivindicó el principio de realidad de ERC en contraposición a las «proclamas vacías» de otros partidos.
La CUP ha acudido con los diputados Dolors Sabater, Xavier Pellicer y Eulàlia Reguant para reclamar «no normalizar esta situación de represión» ni tampoco «estabilizar las relaciones con el Estado como si no existiera el conflicto», ha dicho Sabater, que ha pedido una «amnistía completa».
El nuevo presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticado la «anomalía» que supone que «los mismos tribunales supuestamente de justicia persigan a la consellera por dar voz a la ciudadanía, mientras amparan la corrupción y podredumbre de la monarquía borbónica».
Garriga fue detenida el 20 de septiembre de 2017 en la operación para abortar la logística del 1-O y que dio pie al registro al Departamento de Economía, dirigido por Oriol Junqueras y donde ella ejercía de directora de Servicios.
Posteriormente, fue procesada por participar en los preparativos del referéndum que suspendió el Tribunal Constitucional, principalmente a raíz de sus gestiones para obtener un local donde almacenar material electoral y acondicionar un centro de recogida de datos de la votación.
A raíz de las últimas elecciones catalanas, Garriga fue nombrada consellera de Cultura y la causa contra ella, que estaba ya ultimada, pasó a manos del TSJC, que la ha incorporado al proceso que tiene abierto contra los diputados de ERC y exaltos cargos de Economía Josep Maria Jové -quien era su superior en el departamento- y Lluís Salvadó.
Junto a una treintena de cargos del Govern de Carles Puigdemont, Garriga fue procesada por desobediencia y malversación, pero ahora, con la causa ya en manos del TSJC, la Fiscalía ha abierto la puerta a que se le impute solo el primero de esos delitos, que se castiga con inhabilitación y multa pero no conlleva penas de prisión. EFE
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