Así se ha expresado este martes la abogada italiana y miembro del Colegio de Abogados Penal Internacional (CAPI) Laura Guercio en un coloquio organizado en Barcelona sobre las posibilidades de la CPI para enjuiciar al presidente ruso por los crímenes cometidos en su invasión de Ucrania.
El Estatuto de Roma es el acuerdo con el que se nutre la Corte Penal Internacional y que cada Estado debe firmar para que tenga efectos en su territorio. Rusia, aunque lo firmó de manera provisional en el año 2000, no llegó nunca a ratificarlo y al final se retiró del estatuto definitivamente en el 2016.
Hasta 41 países se han sumado en los últimos días a la petición dirigida a la Fiscalía de la CPI para que inicie una investigación contra Vladímir Putin como presunto autor de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio, incluida España, que ha confirmado esa solicitud en el Consejo de Ministros de este martes.
Esa petición colectiva es inédita y permitirá activar los procedimientos de la CPI con mayor rapidez ya que, cuando existe la petición expresa de varios Estados para abrir una investigación, la Fiscalía de la Corte puede comenzar su trabajo saltándose varios trámites que ralentizan el proceso.
Sin embargo, aunque la CPI llegue a emitir una orden de detención internacional contra dirigentes rusos, depende de la voluntad de los Estados el que se lleven a cabo sus demandas y, en este caso, Rusia no tiene obligación de seguir sus decisiones.
Según el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Rovira i Virgili Santiago Castellà, que también ha participado en el coloquio de Barcelona, la actuación del CPI es compleja en el caso de Rusia.
Ni Rusia ni Ucrania han firmado oficialmente el Estatuto de Roma, ha detallado el profesor, y la vía que posibilita abrir una investigación reside en un acuerdo aprobado por Ucrania que dicta que la CPI puede investigar actos cometidos en suelo ucraniano, aunque no por delitos de agresión de un Estado a otro, que es «evidente» en la invasión a Ucrania.
Para Castellà, la Corte Penal es la única manera para poder actuar judicialmente sobre los dirigentes rusos responsables de la invasión de Ucrania, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está bloqueado por el veto de que goza Rusia y la Asamblea General no tiene capacidades normativas reales para actuar.
Habría una última vía alternativa, dice Castellà, aplicando la justicia universal desde algún Estado, pero, asegura el profesor, seguramente es un proceso demasiado complicado y poco eficaz para llevar a Putin al banquillo.
Por su parte, el mediador y miembro del Colegio de Abogados Penal Internacional Jordi Palou ha argumentado que el Derecho Internacional, aunque ha tenido avances en las últimas décadas, sigue estando debilitado.
Palou ha puesto como ejemplo que, además de Rusia, muchos grandes Estados -como EE. UU., China o Israel- aún no han firmado el Estatuto de Roma y que, por tanto, quedan fuera del ámbito material de la Corte Penal.
Sobre las posibles soluciones a la guerra, el mediador ha reivindicado la resolución pacífica de conflictos internacionales para garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad globales, y ha opinado que, hasta ahora, las negociaciones que están llevando a cabo Ucrania y Rusia no son suficientes para parar el choque bélico.
En Ucrania, dice Palou, debería haber equipos de mediadores multidisciplinares que fueran neutros entre las partes: «Existen organizaciones que tienen mediadores y diplomáticos capaces de coger un papel neutro entre Rusia y Ucrania, y el resto de los actores que se han propuesto para mediar, como China o Francia, solo pueden ser facilitadores de ese diálogo».
Pero la mediación y el diálogo para intentar parar la guerra, ha matizado Santiago Castellà en alusión a las palabras de Palou, en ningún momento serán substitutivos de la vía judicial: «Rusia ya ha cometido graves delitos, y ningún acuerdo tiene capacidad para dejarlos impunes». EFE