La iniciativa sí ha contado con el apoyo de Unidas Podemos, ERC, Junts, Más País y PNV.
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha señalado que «el Gobierno y la Justicia española siguen negándose a garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, manteniendo bajo secreto todos los documentos relacionados con la masacre».
El propósito era conocer las implicaciones y responsabilidades de la Policía Armada en el «asesinato de los cinco trabajadores, los detalles del operativo, las actuaciones llevadas a cabo» por la fuerza pública y las «órdenes recibidas por parte de los responsables directos del operativo».
Querían conocer también el grado de conocimiento, implicación y responsabilidad del Gobierno en esa actuación policial y las muertes generadas por ella, así como las responsabilidades directas y las posibles implicaciones penales de los ministros «actuantes en los sucesos».
En rueda de prensa antes de conocer la decisión de la Junta de Portavoces, Aizpurua ha dicho que hay que habilitar «los mecanismos políticos para hacer justicia».
Ha añadido que habían enviado a todos los grupos un escrito en el que pedían que no se impidiera «el derecho a conocer la verdad» y ha confiado en que «la mayoría esté a la altura para avanzar en la convivencia», ya que todas las víctimas tienen los mismos derechos y no se entendería que el PSOE se opusiera a la creación de esa comisión.
En rueda de prensa posterior, el portavoz socialista, Héctor Gómez, ha justificado el voto de su grupo por considerar que esa comisión de investigación «no es el instrumento» y que «hay que buscar otros mecanismos».
Sí ha mostrado la voluntad del PSOE a dialogar, trabajar y estudiar «otras posibles alternativas» y ha declinado pronunciarse sobre si el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, debería ser investigado. EFE