La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes a Ana María Cameno, conocida como la «reina de la coca», ocho años después de que fuese detenida junto a su pareja sentimental cuando presuntamente dirigía la distribución de 100 kilos de cocaína a distintos puntos de España.
Cameno, que también está acusada de un presunto blanqueo de millones de euros en Panamá a través del ‘chiringuito’ financiero Bandenia, se enfrenta a 25 años de prisión en este juicio, que fue en un primer momento fijado para enero de 2020 y que ha sido aplazado varias veces, una de ellas por estar hospitalizada.
Está acusada por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, los mismos que la Fiscalía Antidroga atribuye a su pareja, José Ramón Mora, para quien solicita 21 años de prisión. Reclama además a cada uno multa «del cuádruplo del valor de la sustancia estupefaciente» y otra de 1,2 millones de euros por el blanqueo.
Junto a ellos se sentarán en el banquillo los otros 6 arrestados en la operación policial que se desarrolló en Madrid, Cádiz, Alicante y Valladolid a raíz de la detención de Cameno, quienes se enfrentan a 13 años de cárcel. También están acusadas otras 5 personas vinculadas al blanqueo del dinero obtenido con la venta de la droga, para los que pide penas de 5 y 4 años.
Esta operación supuso la desarticulación de una red de narcotraficantes que habría montado una estructura para blanquear las ganancias en productos financieros y mediante transferencias a Panamá.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, la investigación se inició en 2013 tras detectar que Cameno, que ya había estado vinculada a distintas operaciones de narcotráfico, «continuaba desarrollando» este tipo de actividades.
«Mantenía contactos regulares tanto con suministradores como con los encargados del transporte», mientras que su pareja «se ocupaba de los pagos correspondientes a las ventas de esta sustancia, así como de los contactos con la red que garantizaría la ocultación» de las ganancias.
Entre las operaciones de distribución de la droga, figura la realizada el 31 de julio de 2014 en la que habría participado uno de los acusados, Miguel Ángel López. El día antes cargó la droga en un Mercedes A250, propiedad de la madre de la pareja de Cameno, y lo hizo en el garaje de la vivienda de otro de los acusados, Rubén Isaac Blanco, según el fiscal.
Al día siguiente, López fue detenido en la localidad madrileña de Valdemorillo con 19 paquetes con cocaína ocultos en el maletero que contenían 18.934 gramos, valorados en el mercado negro en 2,9 millones de euros.
Al enterarse del arresto, Cameno y su pareja alquilaron un apartamento en la Línea de la Concepción (Cádiz) a través del acusado David García Asenjo.
En agosto, Cameno mantuvo contactos en Cádiz con el acusado José Tomás Moya para el transporte de unos 5 kilos de cocaína, y este les informó de las dificultades para distribuir esa cantidad entre sus clientes en Alicante.
En septiembre, ella y su pareja contactaron con otros dos acusados, Graciano Molón y Carmen Cano, para otro transporte de cocaína en un Jeep Cherokee.
Al detectar este último contacto, los investigadores procedieron a la detención de los cuatro y hallaron en el vehículo 37 kilos de cocaína, valorados en 5,9 millones en el mercado negro. En el momento de su arresto, Cameno entregó a un agente los 87.000 euros que llevaba ocultos bajo su ropa interior.
En el registro de su domicilio en San Sebastián de los Reyes (Madrid) fueron intervenidos otros 44 kilos de cocaína, 28 móviles y una pistola.
En cuanto a la operativa de blanqueo, las pesquisas comenzaron tras el hallazgo de 48.750 euros en una papelera en una cafetería de Majadahonda en la que momentos antes había estado Cameno. Poco después, fue identificada portando en su bolso 10.000 euros y las llaves de un Volkswagen Touareg a nombre de un tercero.
Tras este incidente, se puso en contacto con García Asenjo, con el que tuvo distintos encuentros en los que ella y su pareja le entregaban grandes cantidades de dinero para su ingreso en cuentas bancarias para transferirlo después a Panamá, siempre según la Fiscalía.
Para completar el trasvase de fondos, García Asenjo y el acusado Guillermo Guadalix recurrieron a otro procesado Jesús Gil Martín, quien a través del director de la entidad Bandenia Banca Privada, José Miguel Artiles, también acusado, se ocuparía de la transferencia a Panamá.