El pasado 18 de marzo llegó a la Audiencia Nacional el llamado decreto de la Fiscalía Europea en el que anunciaban que abrían diligencias para investigar ese contrato y pedían al tribunal que nombrara a un juez de garantías, recayendo por reparto en Abascal, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1.
Sin embargo, Abascal ha tenido que esperar a que se resolviese el conflicto de competencias entre la Fiscalía Europea y la de Anticorrupción sobre cuál se quedaba con toda la investigación para poder dictar el auto de incoación del procedimiento de garantías, que ha notificado este mismo miércoles, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Las fuentes consultadas explican que en este caso la función del juez de garantías, figura que existe en los sistemas en los que la instrucción penal la dirige el fiscal, es meramente testimonial, ya que no se tiene acceso al procedimiento.
Según el artículo 8 de la ley 9/2021 para la creación de la Fiscalía Europea, el juez de garantías solo interviene en caso de que se quiera adoptar una medida restrictiva de los derechos fundamentales, como intervenciones telefónicas o medidas cautelares a los investigados, o también si se presenta algún recurso contra los decretos del Fiscal europeo delegado. También puede acordar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
En España, la Audiencia Nacional es el órgano competente para supervisar las investigaciones de la Fiscalía Europea designando un juez de garantías, menos cuando se dirijan contra un aforado, que en ese caso corresponderá nombrarlo entre los magistrados del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
El pasado lunes la fiscal general del Estado decidió que la Fiscalía Anticorrupción mantuviese la investigación del citado contrato al entender que esta ligada a «comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española y, por consiguiente, debe ser la Fiscalía nacional la que determine la suficiencia indiciaria para la eventual incoación de un procedimiento penal».
Para Delgado la investigación de Anticorrupción «no se encuentra indisociablemente vinculada con los delitos de fraude a la Hacienda Europea, malversación y cohecho asumidos por la Fiscalía Europea en virtud de Decreto de 16 de marzo de 2022».
Una decisión que no ha sido bien recibida en la Fiscalía Europea, tal y como ha manifestado este miércoles en un comunicado en el que que considera que no se ajusta al derecho de la UE y es «un desafío» a su «supremacía», por lo que dice haber «tomado nota» y anuncia que continuará con su investigación, tal y como demuestra el auto de incoación del procedimiento de garantías dictado por Abascal. EFE