Madrid, 6 abr (EFE).- La querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación por el Ayuntamiento de Madrid de varios contratos de material sanitario en marzo de 2020 destaca que la mayoría de los test recibidos no eran aceptables, los guantes eran de calidad inferior a la prevista y las mascarillas un 40 % más caras.
Así consta en la querella de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, hecha pública este miércoles por el Ministerio Público y remitida a los juzgados de Plaza de Castilla, que se formula contra Luis Ramón Medina Abascal, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, y Alberto Javier Luceño.
La Fiscalía les imputa los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales como resultado de las diligencias de investigación incoadas en noviembre de 2020 por tres contratos por un valor de unos 12 millones de dólares concedidos a la empresa Leno.
Uno de ellos por una cuantía de 6,6 millones de dólares para la adquisición de 1 millón de mascarillas FFP2/ KN95, otro por 4,2 millones de dólares para comprar 250.000 test rápidos, y otro de 5 millones para obtener 2,5 millones de pares de guantes.
Al Ayuntamiento ya le fueron devueltos 4 de esos millones «por no ser el modelo acordado en la compra», según confirmó el Consistorio, que defendió al conocerse esta querella que los contratos se hicieron «en precio según oferta y demanda del momento».
Según la querella, «estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir».
Los contratos se firmaron en marzo de 2020, «en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por el COVID-19 y de extrema carencia de materiales sanitarios» que los investigados aprovecharon para «obtener un exagerado e injustificado beneficio económico» ofreciendo al Ayuntamiento la posibilidad de adquirir grandes remesa de material necesario.
Anticorrupción pone de relieve que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de dólares y lo que obtuvo fue un millón de mascarillas pero pagando un 40 % más del precio ofertado por el vendedor de China.
Recibió los 2,5 millones de guantes solicitados pero «de calidad muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido al Ayuntamiento» y además «al cuádruple del precio que tenían en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas».
Respecto a los 250.000 test, «casi una cuarta parte (60.000) son inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7 %), y otra parte importante (115.000) son, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80 %)», según la Fiscalía.
El Ministerio Público relata que con las comisiones que habrían obtenido los investigados éstos adquirieron coches de alta gama, varios relojes Rolex y otros artículos de lujo. EFE
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