El inquilino del piso de la madrileña calle Lagasca al que seis policías accedieron con un ariete el 21 de marzo de 2021 ha solicitado para ellos una condena de cuatro años de prisión por un delito de allanamiento de morada y otro de daños en el conocido como caso de «la patada en la puerta».
En un escrito dirigido al juzgado de instrucción número 28 de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, la acusación particular solicita la apertura de juicio oral contra los agentes y, además de la pena de prisión, pide casi 7.000 euros por los daños ocasionados en la vivienda así como los daños morales que estima le causó la actuación.
También reclama inhabilitación absoluta durante seis años y, subsidiariamente a las condenas a cárcel, una multa de 5.400 euros.
Lo hace poco después de que la Audiencia de Madrid ordenase al magistrado que investigó el caso que siguiese el procedimiento para juzgar mediante un tribunal del jurado a los seis policías que participaron en esta intervención y no sólo al jefe de grupo, como decidió el juez en un principio y quería la Fiscalía.
La decisión del juez se fundamentó en que esos cinco agentes únicamente siguieron órdenes, si bien la Audiencia, en atención a un recurso de la acusación particular suscrito por el abogado Juan Gonzalo Ospina, del despacho Ospina Abogados, y al que se opuso la Fiscalía, entendió que la eximente de obrar en cumplimiento de un deber (de una orden) es algo que deberá analizarse en el juicio.
Este es uno de los casos derivados de la actuación conocida como «patada en la puerta» y el que se hizo más viral dado que la intervención fue grabada y difundida por las personas que estaban dentro del piso.
Ocurrió el 21 de marzo de 2021, cuando en la mencionada vivienda se celebraba una fiesta con varias personas, algo prohibido en ese momento de la pandemia, y los agentes accedieron a ella rompiendo la puerta con un ariete.
En su escrito, la acusación subraya que la Policía no puede entrar en un domicilio salvo que se esté cometiendo «un delito grave, que requiriera de la intervención urgente y necesaria» o con una orden judicial.
El inquilino, nacido en Reino Unido, se negó a dejar entrar a los agentes, quienes, según este relato de hechos, insistieron en que abriesen la puerta para identificarles y posteriormente, ante la negativa de las personas que estaban en la vivienda, «decidieron de manera conjunta y premeditada, abrir la puerta por la fuerza».
Subraya que el mando jerárquico «actuó de manera independiente y autónoma sin consultar» a ningún superior y hace hincapié en que los agentes «sabían que estaban actuando de manera ilegal» y que accedieron con un «ariete no reglamentario» vulnerando así, dice, «la intimidad» de las personas que estaban en el piso.
Tras la intervención se llevaron al inquilino detenido y a otros asistentes a la fiesta, añade.
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