La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta estafa con material sanitario vendido durante la pandemia al Ayuntamiento de Madrid por los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina comenzó con sospechas de malversación de caudales públicos contra altos cargos del municipio.
La investigación se inició a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente de la Secretaría de Estado de Economía.
El Sepblac apuntaba la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos, que consiste en la apropiación indebida de dinero público por parte de una autoridad o funcionario; en este caso se habría tratado de altos cargos del municipio.
En unas diligencias fechadas en diciembre de 2020, un mes después de iniciarse la investigación, el fiscal pide a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identifique a las personas que negociaron los términos de esos contratos, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso Efe.
El fiscal exige en su escrito detalles “sobre los eventuales intermediarios, incluida la persona que presentó al proveedor y su oferta” y, además de copia de todas las comunicaciones mantenidas en relación con la firma del contrato, pide también información “sobre la existencia de posibles comisionistas”.
El representante de la citada empresa respondió por escrito al Fiscal aportando esos datos.
Además, señaló que “este Ayuntamiento desconoce la existencia de posibles comisionistas, toda vez que las contrataciones se han hecho ajustándose a la legislación vigente en esta materia escrupulosamente y los pagos se han efectuado a la empresa suministradora o bien al proveedor nacional que ha transmitido la mercancía hasta nuestro país”.
El delito de malversación por parte de responsables públicos ha quedado descartado y el propio consistorio ha sido admitido como parte perjudicada.
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