El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que habrá «consecuencias políticas» en la mesa de negociación Estado-Generalitat si la Moncloa «no asume responsabilidades» y no investiga el presunto espionaje a más de sesenta líderes independentistas, entre ellos él mismo.
Así lo ha asegurado en rueda de prensa tras encabezar una reunión extraordinaria del Govern para coordinar una respuesta al caso de espionaje político a independentistas, víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, según una información de The New Yorker con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab.
«Hasta que no se produzca una asunción de responsabilidades, no podemos normalizar la relación con el Estado. Es imprescindible llevar a cabo una investigación interna auditada e independiente para aclara quién ha espiado, por orden de quién y conocimiento de quién», ha dicho Aragonès, que ha urgido a Sánchez a «reparar la confianza dañada» para que la mesa de diálogo no quede congelada.
En una comparecencia en la galería gótica del Palau de la Generalitat y flanqueado por varios consellers de su Ejecutivo, Aragonès ha cargado contra el Estado en un tono muy duro.
«Un Estado democrático no espía a la ciudadanía, no espía a un movimiento democrático, no escucha conversaciones privadas de adversarios políticos, no vulnera derechos civiles y políticos. Nos encontramos ante una auténtica operación de Estado contra representantes de instituciones democráticas», ha dicho Aragonès, que ha equiparado a España con Hungría y Polonia.
Es por ello que ante esta «violación de la intimidad» ha exigido la «máxima transparencia y asunción de responsabilidades» por parte del Gobierno, para «esclarecer todas las dudas».
Aragonès ha anunciado que él presentará una denuncia a título individual ante el ataque a su intimidad y de su entorno personal. «Iremos hasta el final para identificar a los responsables -ha avisado-. No descansaremos hasta que todas las personas que ha permitido este ataque respondan ante la justicia».
En paralelo, la Generalitat «llevará a cabo todas las actuaciones necesarias» para que los Mossos d’Esquadra y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña investiguen «a fondo», como también ofrecerá «toda la defensa, apoyo y acompañamiento jurídico» a las personas víctimas de este caso de espionaje.
Pero más allá de las consecuencias jurídicas, Aragonès ha lanzado un aviso a la Moncloa: «Es evidente que este caso de espionaje y la forma cómo la afronte el Gobierno puede tener importantes consecuencias políticas de forma inmediata».
Según Aragonès, este caso «afecta» a las relaciones con el Estado y la mesa de diálogo, pues «para negociar debe haber confianza mínima y es evidente que está seriamente dañada. Corresponde al Gobierno restablecer lo que deben ser aspectos mínimos de esta confianza».
Para reparar esa confianza, a su juicio, el Gobierno debe aclarar qué ha pasado y quiénes han sido sus responsables, permitir una investigación interna independiente, así como una comisión de investigación en el Congreso. «Sin eso es muy difícil que pueda haber condiciones para avanzar en la negociación política», ha sugerido.
El presidente catalán, que ha confiado en poder tener una conversación con el presidente del Gobierno para «aclarar cara a cara hasta dónde llega el conocimiento de este espionaje», ha dejado claro que Cataluña «nunca renunciará al proceso de negociación», pero ha «urgido a restaurar la confianza, con transparencia y asunción de responsabilidades» para así avanzar en el diálogo.
En ese enfriamiento de relaciones, Aragonès ha dejado claro que se «mantendrá la interlocución técnica y sectorial» entre ambos Gobiernos, si bien los órganos más «políticos», como son «la mesa de negociación y la comisión bilateral», sí quedan «afectados». «No se puede recuperar la normalidad de las relaciones políticas», ha dicho.
Por su parte, el vicepresidente Puigneró ha calificado de «intolerable» e «inadmisible» el espionaje sufrido, motivo por el que «este Govern ha acordado que no normalizará las relaciones con el Estado represor. Exigimos una investigación internacional independiente que esclarezca los hechos, determine los responsables y que paguen el precio político y judicial».
Como también ha apelado a la Comisión Europea a «moverse y actuar de forma neutra para defender los derechos fundamentales», y ha cifrado en 20 millones de euros el cálculo del posible gasto que podría haber supuesto espiar a los dirigentes independentistas con ese programa Pegasus, en lo que ha tildado de «cheque en blanco para combatir al independentismo político».
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