El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este domingo la apertura de un «control interno» del CNI y la «constitución de manera inmediata» de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para «esclarecer» las denuncias de espionaje, medidas que el Gobierno catalán ve «insuficientes».
Tras una semana de tensiones entre gobiernos a raíz de la denuncia de espionaje a más de 60 dirigentes independentistas a través del programa de ciberespionaje Pegasus, la consejera de la Presidencia catalana, Laura Vilagrà ha recibido en el Palau de la Generalitat a Bolaños, para intentar reconducir la situación.
El encuentro, que se ha prolongado durante algo más de dos horas, se ha desarrollado en un clima de frialdad, con gestos del Gobierno catalán que evidenciaban su malestar ante lo que Vilagrà ha calificado de «escándalo de espionaje».
Bolaños ha acudido a la cita con el objetivo de trasladar a la Generalitat la «voluntad inequívoca» del Gobierno de «trabajar para que se esclarezcan los hechos» denunciados, «reafirmar el compromiso con el Estado de Derecho» y reiterar su apuesta por el diálogo, por lo que ha puesto sobre la mesa cuatro iniciativas.
Para empezar, ha anunciado la «apertura de un control interno del CNI, a petición de este mismo organismo, para analizar las medidas existentes y su aplicación en este caso».
En segundo lugar, ha garantizado la «plena disposición» del CNI a «facilitar y colaborar en las actuaciones» que iniciará el Defensor del Pueblo para analizar también las denuncias de espionaje.
Bolaño ha explicado asimismo que el Gobierno ha iniciado ya los contactos con los grupos parlamentarios para «urgirles a constituir la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso lo antes posible», con la participación de todas las fuerzas políticas «sin excepción», para que en este marco la directora del CNI, Paz Esteban López, «dé cuenta de este asunto y pueda aportar información y documentación».
Por último, el ministro ha asegurado la «plena colaboración del Gobierno con la justicia» y su «disposición a desclasificar documentación para esclarecer los hechos».
El Gobierno, ha dicho, «comprende la preocupación e inquietud» de las personas que han denunciado haber sido espiadas y, por ello, se compromete a impulsar estos cuatro «mecanismos».
Pero lo que para Bolaños ha sido una reunión «cordial, sincera y correcta», para Vilagrà ha resultado ser un encuentro que «no ha ido bien», porque no ha obtenido las «respuestas» que esperaba.
«No podemos estar satisfechos con las explicaciones. Son del todo insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos. Un caso tan grave requiere claridad, honestidad y asunción de responsabilidades por parte de aquellos que nos han espiado», ha recalcado.
El Ejecutivo catalán quiere saber ya «quién ordenó las escuchas» y «quién tenía conocimiento de este espionaje masivo», además de aclarar «qué se ha hecho con la información obtenida», obtener garantías de que esta situación «no se volverá a producir en un futuro» y conseguir las «dimisiones de los responsables».
«Si el Gobierno no se mueve, habrá consecuencias graves», ha advertido Vilagrà, que ha insistido en que «un escándalo de esta magnitud no se puede gestionar de manera cosmética».
Para Vilagrà, la reunión de este domingo «no sirve para normalizar las relaciones» ni para garantizar el «apoyo parlamentario» de ERC al Gobierno en las Cortes: «Si esta era la intención, no lo han conseguido. Las confianzas están rotas. Queremos resultados concretos», ha subrayado.
Si el Gobierno de Pedro Sánchez no da pasos en este sentido, «pondrán muy difícil la legislatura», ha sentenciado.
Ante la próxima votación en el Congreso para convalidar el plan anticrisis del Gobierno ante la guerra en Ucrania, el ministro de la Presidencia ha apelado a ERC y al resto de grupos a «diferenciar los planos» y a tener en cuenta que este real decreto «es muy bueno para la ciudadanía y supone mejorar la vida de las personas».
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