El PP niega ser el responsable del bloqueo de la Comisión de Secretos Oficiales y ha argumentado que depende de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cambiar o mantener la mayoría reforzada para elegir a sus miembros, aunque defienden la fórmula actual y creen que incorporar a EH Bildu «no es el camino».
El PP, en boca de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha reprochado este lunes al Gobierno que, como partido de la oposición, no les haya dado información detallada sobre el supuesto espionaje político a más de 60 líderes independentistas con el programa Pegasus entre 2017 y 2020.
Fuentes del PP han explicado que el Gobierno se puso en contacto con Esteban González Pons, pero ven insuficiente la charla breve en la que, sostienen, no se aportaron datos más allá de lo publicado. En rueda de prensa, Bravo ha exigido una «explicación detallada y urgente» del Ejecutivo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reuniese este domingo con la consellera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà, el PP ha sostenido que la comisión de secretos oficiales no debe ser el «mecanismo para quitar el malestar» a los partidos independentistas y ha afeado que el Ejecutivo haya sacado tiempo para ese encuentro y no para dar respuesta a su plan económico.
Sobre la constitución de la comisión de secretos oficiales, el PP ha apuntado que el Gobierno debería pactar con ellos en temas de «relevancia», al tiempo que ha sostenido que el Ejecutivo no les necesita para modificar la forma en la que se eligen a los miembros de la comisión, con mayoría reforzada desde 2004, una fórmula que abogan por mantener.
Para el PP «no es el camino» que EH Bildu forme parte de una comisión que «vela por el estado español» al entender que hay partidos que buscan «fisuras» en ese estado, aunque no aclaran si es un veto y apuntan que en este órgano sin publicidad debe estar «gente concienzuda» que no puede trasladar «nada de lo que se trata».
Sobre el espionaje político, el PP ha subrayado que «el problema no es utilizar Pegasus» si no «utilizarlo ilegalmente» por lo que hay que dilucidar si se ha usado «con respeto al estado de derecho o no», es decir con autorización judicial, porque «utilizarlo de otra manera es lo que nadie puede compartir».