Víctimas de los encargos de espionaje por los que se juzga a José Villarejo en la Audiencia Nacional han relatado este lunes los perjuicios que les han causado los métodos empleados por el excomisario para obtener datos personales por vías ilegales o intromisivas, como vigilancias o grabaciones.
El primero en testificar ha sido el exjuez Francisco Javier Urquía, que ejercía como abogado tras ser inhabilitado por prácticas corruptas, y al que supuestamente el excomisario trató de extorsionar con un vídeo en el que aparecía consumiendo cocaína para conseguir que cambiara su estrategia en un pleito que afectaba también los hermanos Fernando y Juan Muñoz, éste último esposo de la presentadora Ana Rosa Quintana.
Urquía, que representaba al tercer acusado en ese pleito junto a los hermanos Muñoz por un delito fiscal, ha reconocido que nunca se le exhibió ese video, y que por tanto se trató de una tentativa de extorsión, pero sí que sintió amenazas veladas por parte de Fernando Muñoz y de su abogado.
Su representado, que también ha declarado este lunes como testigo, ha asegurado que estaba «atemorizado» y que le dijo en varias ocasiones que le iban «a matar» o que le iban «a partir las piernas».
También ha señalado que en alguna ocasión los abogados de los hermanos Muñoz le advirtieron de que tenían «mucho poder» y que tuviera cuidado con lo que hacía.
También le llegaron a decir que si no accedía a sus peticiones (llegar a un acuerdo con ellos) «lo conseguirían por otro lado», y ha explicado que, si bien en ese momento lo atribuyó a que podían ejercer ese poder o que conocían a alguien que les «favoreciera», luego «se vio que no, que la otra vía era la que se vio después», en relación al vídeo en cuestión.
El vídeo fue grabado en 2007, pero no fue hasta 2017 cuando supo de su existencia, fue, según ha asegurado, cuando le llamó la Policía y se lo comunicó y ha negado que lo hubiera visto años antes colgado en internet o que alguien hiciese referencia al mismo en el juicio contra él en la causa por la que fue inhabilitado.
Fue a partir de saberse de su existencia, ha dicho, cuando comenzaron los perjuicios para él en el ámbito familiar, al contárselo a su mujer y a sus padres antes de que saliera en la prensa, y en el ámbito laboral, porque pierde clientes cuando googlean y ven lo de cocainomano. Un retrato que ha lamentado se haya hecho de él cuando no ha sido más que un consumidor ocasional.
El que fuera su cliente, M.M.N, ha corroborado por su parte el temor que sintió durante su contencioso con los hermanos Muñoz y ha manifestado que no entendía que contrataran a Villarejo. «No lo entiendo, ahí se ve que la fuerza que tienen la utilizan».
Ha destacado asimismo que la difusión pública de esta causa también le ha afectado en el ámbito familiar y laboral y ha asegurado que ha tenido que pedir a medios de comunicación que no aparezca su nombre y parecer «un delincuente».
«Creo que han estado muy mal asesorados, muy mal guiados (en referencia a los hermanos Muñoz) y fue un acoso y derribo para que toda la culpa recayera sobre mí», ha apuntado tras relatar las situaciones de acoso a las que dice le sometieron Fernando Muñoz y su abogado para que accediera a asumir él solo el delito fiscal.
También han declarado afectados en relación a los espionajes en torno a la disputa de la herencia del promotor de la urbanización de lujo La Finca, Luis García Cereceda.
La apoderada de una empresa constructora, Capde, ha lamentado que los acusados tuvieran acceso a datos personales, de familiares y de empresas, y también ha declarado el representante de la sociedad que le ganó un pleito a Procisa.
Ha explicado que le espiaron a él y a su familia, que accedieron a datos financieros de sus empresas -que ha insinuado se los pudo haber proporcionado el BBVA a Villarejo- y ha relatado que en esas fechas entraron a robar en sus oficinas, lo que le ha llevado a un «estado paranoico».