El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se plantea un escenario distinto a agotar la legislatura pese a los apuros vividos para aprobar su plan de medidas anticrisis, y se esforzará para llegar a diciembre de 2023 de la mano de sus socios habituales, incluido ERC, porque no contempla otra alternativa.
«Nada está siendo fácil desde la investidura, pero se han ido superando los obstáculos y así seguirá siendo», afirman a Efe fuentes del Ejecutivo tras una semana en la que han tenido que multiplicar los contactos para que el decreto con las iniciativas que pretenden hacer frente a los efectos económicos y sociales de la guerra en Ucrania fuera convalidado por el Congreso.
La votación dejó patente que el rechazo de Esquerra a la reforma laboral (que el Gobierno salvó por un solo voto gracias al error del diputado del PP Alberto Casero) no fue algo puntual, sino que, agravada la situación por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas, este partido dio la espalda al decreto anticrisis y amenaza con mantener esa actitud si no se asumen responsabilidades por las escuchas.
En Moncloa lamentan que ERC ligue este asunto a cuestiones de interés general como las que han podido prosperar gracias a la convalidación del decreto, y echan en falta una actitud más «madura» de sus dirigentes pese a reconocer que están condicionados por la presión que ejerce el partido de Carles Puigdemont para romper puentes con el Gobierno.
Admiten que la relación se ha complicado con el supuesto espionaje y, pese a respaldar plenamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, asumen que su intervención esta semana en el pleno del Congreso sobre este asunto «no ayudó» a rebajar la tensión.
GEOMETRÍA VARIABLE
Pero hay confianza en que se puedan aclarar los hechos en la comisión de secretos oficiales del Congreso y eso permita apaciguar ánimos y volver a contar con ERC.
«Lo que han que tener claro los socios de la investidura es que el Gobierno busca siempre anteponer el acuerdo con ellos, y aunque está abierto a dialogar con todos los grupos, no va a dar prioridad a la geometría variable», aseguran la fuentes.
Esa denominación define la búsqueda de mayorías distintas en función de los asuntos de que se traten.
En el Ejecutivo están satisfechos del papel jugado por Bildu en la votación del decreto anticrisis ya que su respaldo permitió que saliera adelante, y restan importancia al uso que de esa circunstancia, con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, pueden hacer partidos como el PP o Vox.
Unas formaciones que «por paradójico que pueda parecer -afirman- han demostrado menos sentido de estado y han buscado sólo un interés partidista».
Para apuntalar el argumento de que la prioridad es seguir pactando con los socios habituales, en el Gobierno se asegura que el ofrecimiento de tramitar el decreto anticrisis como proyecto de ley no respondía a la petición que en ese sentido realizó el PP (cuyo cumplimiento fue insuficiente para evitar su rechazo) sino a las realizadas por otros grupos durante las negociaciones.
Sin embargo, Moncloa deja claro que está abierta a acuerdos con el PP que en absoluto van en contra de la hoja de ruta progresista marcada al comienzo de la legislatura e insta a Alberto Núñez Feijóo a demostrar que, pese a «calcar» la posición de Pablo Casado no apoyando el decreto anticrisis, dé muestras de que algo ha cambiado.
Y eso creen que debe evidenciarse cumpliendo la Constitución y permitiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo para lo que ven una luz tras designar como interlocutores al ministro Félix Bolaños y al dirigente popular Esteban González Pons.
Las advertencias de Podemos a las que puso voz la ministra Ione Belarra diciendo que el PSOE debe cuidar a sus socios en vez de tender permanentemente la mano a Feijóo porque eso provoca poner en riesgo la coalición, junto a la petición de que se asuman ya responsabilidades por el supuesto espionaje, son una muestra más de que la convivencia en el Gobierno no es fácil.
LOS PRESUPUESTOS, UN «SALVOCONDUCTO»
Pero ni esas desavenencias ni las que se han puesto de manifiesto con otros grupos que apoyaron la investidura van a modificar el objetivo de llegar hasta el final de la legislatura, según el ala socialista del Ejecutivo.
Citan como «salvoconducto» para lograrlo la aprobación de los presupuestos generales de este año, ya que podrían prorrogarse en caso de que no se contara con apoyos suficientes para que prosperaran los de 2023.
Pero tampoco desean caminar hasta las elecciones generales enfrentados a partidos como ERC con los que creen que es vital entenderse para seguir avanzando en muchos asuntos y, entre ellos, la resolución del conflicto catalán.
Está pendiente una nueva reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, pero antes debería cerrarse la herida abierta con el caso del ciberespionaje.
Un asunto al que podrá referirse Pedro Sánchez esta semana en Barcelona en la clausura de las jornadas anuales del Cercle d’Economía que serán inauguradas por el presidente catalán, Pere Aragonès.
Pero acudirán en días distintos. Un encuentro entre ambos para intentar restablecer la confianza parece que tendrá que seguir esperando.