La crisis que ha provocado el espionaje de los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles están rompiendo las costuras del Gobierno. Por un lado, dentro del PSOE, ya que tanto el ministerio de Defensa como Moncloa tiran balones fuera sobre su responsabilidad en el caso e indirectamente se acusan entre ambos. Y por otro lado, entre la coalición que conforma el Ejecutivo, ya que Unidas Podemos ha pedido que «se asuman responsabilidades políticas».
La ministra de Defensa, Margarita Robles, compareció este miércoles en la comisión parlamentaria adscrita a su cartera y se empleó a fondo en defender a la jefa de los servicios secretos, Paz Esteban, y a los agentes de la inteligencia española. «No voy a tolerar que se hagan imputaciones a quien no puede defenderse». Y añadió: «El CNI tiene un deber de secreto. Es muy cómodo que alguien diga que el CNI ha hecho esto o lo otro, porque el CNI no puede defenderse».
El reproche que sobrevuela el Gobierno es determinar quien es el último responsable de la seguridad de los teléfonos móviles oficiales de los miembros del Gobierno. Las fechas son claves en este asunto. Cuando se produjo el espionaje, en mayo y junio de 2021, la normativa dejaba claro que es el Centro Criptográfico Nacional (CCN), que depende del CNI, el responsable de “la seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información de la Administración”, como señala el decreto de 2004 del Ministerio de Defensa que regula este centro.
Pero en julio de 2021, dos semanas después de la remodelación del Gobierno que hizo Sánchez, se aprobó el Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. Su artículo 5 señala que dentro de las funciones del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica está «la gestión y la coordinación de los sistemas de comunicaciones en el ámbito de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática», en manos de Félix Bolaños.
Sin aclarar entonces quien es el último responsable, Robles cerró ayer el debate con un enigmático: «Todo está en las normas, todo está en la ley. No hay más que mirar las normas y en las normas está perfectamente recogido todo. La ventaja de una democracia es que todo está en la ley. No hay más que echar un minuto de tiempo».
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, echó más leña al fuego, tratando de delimitar en una entrevista en Onda Cero las competencias, asegurando que el sistema de comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, donde manda Félix Bolaños, es «el que nos aporta los dispositivos, materialmente», a lo que añadió que lo relativo a la ciberseguridad de los datos que se puedan alojar en esos terminales es competencia del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI y, por tanto, de Robles.
Isabel Rodríguez dejó de nuevo abierta la posibilidad de una dimisión de Paz Esteban cuando se analice todo lo sucedido. “Está claro que se han producido errores. Estamos viendo el resultado del informe para determinar qué ha sucedido y mejorar. Antes de buscar la responsabilidad hay que determinar qué ha sucedido, y entonces se pueden valorar otras cuestiones». Parte del Gobierno quiere la cabeza de Paz Esteban para zanjar esta crisis.
Luego está la postura de Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno. Su portavoz, Pablo Echenique, sugirió ayer a Robles que dimita. «Usted sabe lo que debe hacer, no solo por su dignidad, sino por la dignidad del Gobierno». Echenique había considerado «insostenible» la situación creada por el escándalo, «una gravísima brecha de seguridad nacional» que muestra «una flagrante incompetencia o una dejación de funciones. Es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel», concluyó.
También el móvil de Marlaska
El CNI también ha hallado rastros del programa espía Pegasus en el móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Maslarka, según ha publicado El País. De confirmarse la infección de este teléfono, sería el tercer miembro del Gobierno objeto de un ciberataque. El ministro del Interior ha entregado dos móviles al Centro Criptológico Nacional (CCN): el que utiliza actualmente para sus comunicaciones oficiales y el que empleaba en mayo de 2021, cuando se produjo el punto culminante de la crisis diplomática con Marruecos