Según informa la Dirección General de la Policía, la organización estaba compuesta por ciudadanos de nacionalidad española, colombiana y albanesa dedicados a introducir grandes partidas de sustancia estupefaciente en España, camufladas en distintos productos legales para, posteriormente, establecer laboratorios clandestinos con la finalidad de extraer la pasta de coca de dichos productos y con ello elaborar clorhidrato de cocaína.
Para ello contaban con una amplia estructura empresarial que se encargaba de importar contenedores marítimos contaminados de torta de palmiste, producto con el que enmascaraban el estupefaciente a fin de superar fácilmente los controles aduaneros y sanitarios.
La intención de la organización era extraer la pasta base de la harina de palmiste (residuo que queda tras la extracción del aceite de la semilla de la palma que se cultiva en zonas tropicales) y, una vez separada, proceder a la transformación de la misma en clorhidrato de cocaína.
Disponían de “químicos o cocineros”, expresamente traídos desde Latinoamérica para instruir a la organización y mostrales la elaboración o “cocinado” del estupefaciente.
La Policía llegó hasta la organización después de que una pareja de ciudadanos colombianos viajara a España hasta tres veces para comprobar la estructura, negociar los porcentajes y beneficios una vez la droga fuera extraída y distribuida.
Posteriormente, los investigadores detectaron la llegada de diez contenedores al puerto de Marín (Pontevedra) con mercancía legal y, entre ellos, uno en el que se transportaba la cocaína.
Finalmente, se detuvo a once personas en Valencia (4), Madrid (3), Valladolid (1), Vigo (Pontevedra) (1), Málaga (1) y Toledo (1), entre ellos los principales responsables de la organización y los encargados de la logística e infraestructuras.
También se llevó a cabo el registro de diez inmuebles, entre ellos un chalé aislado ubicado en la localidad de El Puig (Valencia) donde se encontraba el laboratorio y donde se incautaron más de 8.500 litros de diversas sustancias químicas fiscalizadas, todas ellas de difícil adquisición y destinadas a la elaboración del clorhidrato de cocaína.
Doce contenedores están bloqueados en el puerto de Marín a la espera de ser analizados y determinar con exactitud los sacos contaminados.
El chalé había sido alquilado por su ubicación aislada de las grandes urbes, su difícil acceso, su discreción y la posibilidad de destinar la finca alquilada a estas ilícitas actividades sin llamar la atención del resto de fincas colindantes.
Además, los integrantes de la organización llevaban a cabo multitud de medidas de seguridad antes de dirigirse al inmueble, manteniendo asimismo una vigilancia permanente de la casa con la finalidad de detectar posibles seguimientos policiales, hecho que dificultaba enormemente la investigación.
De hecho, un ciudadano marroquí se encargaba de la vigilancia y permanecía en el interior de la finca sin salir. Otra persona era la que hacía llegar comida y bebida.
La Policía destaca la gran movilidad de la organización ya que sus principales responsables viajaban por toda España, residiendo en un chalé de lujo en la Costa del Sol desde donde coordinaban y daban las instrucciones oportunas.
El chalé de El Puig no solo pretendía ser un laboratorio de procesamiento de cocaína a escala europea, sino que en él también la organización tenía previsto cultivar marihuana en diversas estancias.