Madrid, 2 jun (EFE).- Los envases de plástico de un solo uso serán gravados fiscalmente, ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras aprobar el Gobierno el arranque de una norma que limitará duramente esos productos y cuyo texto endurece el régimen sancionador en tema de residuos.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados que incluye el reto de poner coto a los plásticos de un solo uso, la Estrategia Española de Economía Circular para recortar el 15 % la generación de residuos en 2030 y un real decreto que mejora el control de traslados de los residuos.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera ha explicado los detalles de esta nueva norma en cuyo texto se incluye que, para los recipientes de plástico de un solo uso, el tipo impositivo del nuevo impuesto indirecto será de 0,45 euros por kilogramo de envase, una medida con la que se estima una recaudación de cerca de 724 millones de euros.
En este punto, la ministra ha resaltado que en España, el nivel de presión fiscal asociado al medioambiente está «significativamente por debajo», lejos del entorno del 2,5 % del PIB, y por tanto, la tributación propuesta en el anteproyecto de ley «puede ser una buena opción».
Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones y los recipientes para alimentos, cajas, con o sin tapa, destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar y, que se suelen consumir en el propio recipiente.
Para estos productos, Ribera ha avanzado que se ha de conseguir en 2026 una reducción del 50 % en su comercialización y en 2030 del 70 %, ambos con respecto a 2022.
Teresa Ribera ha subrayado que, a partir de 2023, quedará prohibida su distribución gratuita cobrando un precio por cada uno de los productos de plástico entregados al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.
La ministra ha destacado la relevancia de este paquete de medidas para una recuperación económica «robusta, sostenible y justa».
Ha explicado que la acumulación de residuos de los españoles durante un año equivaldría a llenar hasta «rebosar» 2.900 estadios de fútbol como el Santiago Bernabeu; unos 500 serían por restos domésticos, y 45 por envases de plástico procedentes de nuestros hogares.
Para ilustrar más detalladamente la gravedad de la situación, ha añadido que, cada año llegan unos 8 millones de toneladas de plástico a los mares, una cantidad equiparable a encontrar cada 30 centímetros en el suelo una bolsa de plástico llena de este material.
El anteproyecto limita la comercialización, y a partir de 2021, se prohibirán la introducción en el mercado de bastoncillos de algodón, excepto si entran en el ámbito sanitario, cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos), platos, pajitas y agitadores de bebidas.
También estarán vetados los palitos unidos a globos, salvo los globos industriales y profesionales, los vasos para alimentos y bebidas de poliestireno expandido, con sus tapas y tapones, y otros productos de cosméticos y detergentes con microplásticos añadidos intencionadamente.
Respecto a las botellas de plástico, la titular de medioambiente ha subrayado que se regularán objetivos de recogida separada en dos horizontes: en 2025 se recogerá separadamente el 77 % en peso, respecto al introducido en el mercado, y en 2029 el 90 %.
Con el propósito de disminuir los envases, las administraciones públicas reducirán su consumo de agua embotellada en sus dependencias con fuentes de agua potable y en envases reutilizables, mientras que el sector de la hostelería ofrecerá a los consumidores, clientes o usuarios la posibilidad de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.
Respecto a la disposición para clientes de bares y restaurantes del agua del grifo, si así lo quieren, el anteproyecto propone que sea de inmediata aplicación la medida, desde la entrada en vigor, y «nos gustaría», que pudiera estar publicada en el BOE «a finales de este año o en el primer trimestre de 2021», ha explicado Ribera.
El texto presentado hoy martes revisa el régimen sancionador con nuevas infracciones y así, será considerado «muy grave» el abandono, el vertido y la gestión incontrolada de residuos peligrosos y de cualquier otro tipo de residuos, en este segundo caso, siempre que se haya puesto en peligro la salud de las personas o el deterioro grave para el medioambiente.
Las multas oscilarán desde 50.001 euros hasta 2.000.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la sanción podrá ser desde 350.000 euros hasta 2.000.000 euros, para las infracciones muy graves.
El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy un real decreto para «regular, clarificar e incrementar» el traslado de residuos en el interior del territorio español, y garantizar la plena coherencia del régimen de traslado de residuos con el Reglamento comunitario. EFE
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