Corujo ha declarado este miércoles como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y ha repetido la versión sobre estos hechos que ya dio ante la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor en declaraciones anteriores.
Según la versión de Corujo, quien también ha reconocido que un contrato a Indra investigado no pasó por la mesa de contratación, el ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás fue quien le relató esa reunión en la que González pidió el dinero para el PP madrileño.
Fuentes presentes en su comparecencia han explicado que Corujo ha asegurado que la reunión se celebró en el despacho del exdiputado autonómico César Palacios y en ella estuvo presente, además de Martínez Nicolás y González, el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, quien está citado a declarar como investigado el 1 de octubre.
En el auto con las últimas citaciones de la Púnica, incluidas las de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, el juez afirma que Corujo colaboró con la justicia cuando denunció en la Fiscalía Anticorrupción «las prácticas presuntamente ilícitas que venían realizando desde dicha entidad pública», el ICM.
Aparte de esta reunión, ante la Fiscalía afirmó que el desvío de fondos al PP se pudo producir mediante contratos inflados de ICM con Indra para el recuento de votos en las elecciones y con Price Waterhouse Cooper (PwC).
Uno de los contratos con Indra investigados es el licitado en 2011 por ICM en beneficio de la Dirección General de Medios por 202.844 euros con el objeto de «Normalización de la difusión en iniciativas Open Goberment en el marco de las redes sociales integradas en portales de Madrid.org 2011-2012».
Fue adjudicado a Indra, que lo encargó a la empresa de Púnica Eico, la que a su vez fue cobrando facturas a Indra «que recogían servicios que no se realizaron».
Sobre este contrato, Corujo ha explicado al juez que no fue aprobado por la mesa de contratación de ICM, pero se ha desvinculado de esa licitación adjudicada a Indra.
Precisamente hoy estaba citado a declarar Jesús Vicente Gil Ortega, responsable de procesos electorales de Indra, empresa imputada en la causa por cooperar al desvío de fondos del PP como uno de los principales proveedores de ICM y que resultó beneficiada de varias adjudicaciones supuestamente irregulares.
Este miércoles, Gil Ortega se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez.
Sí ha contestado a las preguntas que se le ha formulado otra investigada, la exdirectora de la Agencia Madrileña para la Emigración (AME) María Victoria Cristóbal, quien ha dicho que fue idea de Aguirre crear ese organismo.
El juez sospecha que en 2008 y 2009 esta agencia pagó a Over Marketing (empresa que colaboraba en el desvío de dinero al PP) facturas por trabajos no realizados que se tramitaron como contratos menores fraccionados, lo que violaba la ley de contratación pública.
Dice el magistrado que Cristóbal debió licitar un único contrato, pero lo fraccionó en cinco contratos menores claramente irregulares porque, destaca, no tiene sentido que uno del 1 de octubre de 2008 fuera de «plegar tarjetas y cartas, ensobrarlas y cerrar los sobres» y dos posteriores, del 24 y 31 de ese mes, del diseño y producción de esas tarjetas.
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